Los juristas Julio Arbizu y Carlos Rivera apoyaron el pedido formulado por la Procuraduría Anticorrupción a fin de ampliar las investigaciones por el caso de esterilizaciones forzadas.
Esto, señalaron, ante la gravedad de los hechos y la cantidad de mujeres implicadas en las esterilizaciones forzadas en el gobierno de Alberto Fujimori.
Julio Arbizu mencionó que la defensa de las víctimas ha solicitado también ampliar el plazo de las investigaciones y declarar el caso de las esterilizaciones forzadas complejo, pues son 2,074 las mujeres afectadas.
“Es complejo por la cantidad de investigados y de víctimas. Además, requiere de mayores herramientas de investigación de las que se han utilizado hasta ahora. El tiempo de ampliación que se determine dependerá de la fiscal Marcelita Gutiérrez”, justificó.
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, es muy corto el plazo de 90 días para las investigaciones, por lo que se requiere más tiempo para una completa pesquisa.
Carlos Rivera defiende a un grupo de mujeres de la provincia altoandina de Anta, en Cusco, y también de otro grupo de la provincia piurana de Huancabamba.
Además de Alberto Fujimori, se investiga a los exministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong, junto a cuatro asesores del régimen fujimorista (1990-2000).
La Procuraduría Anticorrupción pidió esta semana extender el plazo de la investigación fiscal para el caso de las esterilizaciones forzadas, para que su pronunciamiento garantice el legítimo derecho de las partes.
El pedido se presentó ante la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, con el argumento de que la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional dispuso un breve plazo de investigación preliminar por el caso de las esterilizaciones forzadas sin tener en cuenta la naturaleza, así como la complejidad de la misma.
Foto Andina-Video CladeMenvideo