WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de EEUU confirmó este miércoles que el FBI arrestó a fines de agosto al contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Harold Thomas Martin III, e investiga si robó y filtró secretos de la nación.
En esta misma agencia se desempeñó el conocido exanalista Edward Snowden por lo que han intensificado las investigaciones en torno al contratista de 51 años, acusado oficialmente de retener ilegalmente material clasificado.
Harold Thomas Martin III, originario de Glen Burnie (Maryland) es acusado por la Fiscalía de robar material clasificado y retenerlo de manera ilegal, detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.
El supuesto robo plantea la posibilidad de que, por segunda vez en tres años, la NSA haya sufrido un robo de datos después de que Snowden expusiera con sus filtraciones el 2013 los programas de espionaje masivo que la agencia de seguridad puso en marcha a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra EEUU.
Thomas Martin III, que trabajaba para la empresa Booz Allen Hamilton (igual que Snowden), fue arrestado el 27 de agosto y acusado formalmente de robo de secretos por el Ejecutivo estadounidense en una corte del estado de Maryland dos días después.
Durante la detención, los agentes registraron el vehículo y la casa del sospechoso en la localidad de Glen Burnie (Maryland) y encontraron documentos impresos e información almacenada de alto secreto en varios dispositivos digitales, según detalló el Departamento de Justicia en su nota.
Edward Snowden, el primer contratista de la NSA descubierto en el robo de información clasificada.
Esta sería la segunda vez en tres años que la NSA sufre un robo de datos confidenciales.
Además, los investigadores hallaron propiedades del gobierno que el individuo supuestamente había robado y que tenían un valor superior a los mil dólares.
La Fiscalía alega que, entre los archivos encontrados en el registro, hay seis documentos clasificados producidos por un organismo gubernamental el 2014.
“Esos documentos fueron producidos a través de fuentes, métodos y capacidades confidenciales del Gobierno, que son críticos para una amplia cuestión de temas de seguridad nacional. La divulgación de los documentos revelaría esas fuentes confidenciales, métodos y capacidades”, aseguró el Departamento de Justicia en su nota.
De ser condenado, el sospechoso se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión por el robo de bienes del Estado y a otro año de cárcel por el delito tipificado como retirada no autorizada y retención de materiales clasificados. (ECHA – Agencias)