El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, informó hoy que el presidente Ollanta Humala anunciará, en su mensaje del 28 de julio, los primeros decretos legislativos sobre seguridad ciudadana, adoptados al amparo de las facultades delegadas por el Congreso.
“El señor Presidente de la República, Ollanta Humala, en el mensaje del 28 de julio, va a implementar las primeras medidas en materia de seguridad ciudadana, las va hacer públicas, y esos decretos también serán aprobados por la misma fecha”, declaró.
Gustavo Adrianzén adelantó que las primeras medidas están referidas al sicariato, la flagrancia, y los menores infractores.
Anticipó que se independizará el delito de sicariato, que se castigará con penas muy severas para sus infractores, sin beneficios penitenciarios y con el agravante por la utilización de armas de guerra, menores de edad, número de sicarios, y cantidad de víctimas también.
“Tenemos bastante confianza que con estas nuevas medidas vamos a tener una herramienta muy persuasiva, el sicario lo va pensar dos veces, no habrá beneficios penitenciarios, y por el contrario, habrá penas muy severas y una serie de agravantes”, resaltó Gustavo Adrianzén.
Respecto a este tema, el ministro subrayó que se está elevando de 6 a 10 la pena de reclusión en un centro juvenil para los menores de edad, pero solo para quienes hayan cometidos delitos muy graves, por ejemplo, sicariato.
“Estamos agravando las penas para los menores, actualmente un menor puede ser condenado hasta seis años, pretendemos ampliar esas penas hasta los 10 años. Cumplida la mayoría de edad, abandonan el centro juvenil, y pasan cumplir su pena a un penal”, recalcó.
El ministro Gustavo Adrianzén descartó que este incremento exprese una filosofía punitiva del gobierno contra una población vulnerable, como son los jóvenes.
Indicó que el gobierno del presidente Ollanta Humala es garante de los derechos fundamentales de los jóvenes, pero se debe entender que se ha llegado a un nivel tal de violencia por parte de delincuentes juveniles, por lo que se requiere que el Estado defienda a su población con penas más severas.
Foto Andina