FIP y Fecolper se reúnen con Gobierno para garantizar condiciones dignas de periodistas

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El presidente de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Philippe Leruth, y la presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), Adriana Hurtado, organización asociada a la FIP, se reunieron con el Ministerio del Interior de Colombia para que garantice unas condiciones laborales dignas para los trabajadores de la información en el país.

Leruth y Hurtado se reunieron con Ivonne González, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de la Nación, para discutir un borrador de Política Pública para la Libertad de Expresión cuyas garantías laborales habían sido vetadas por el Gobierno tras tres años de consulta con la sociedad civil, lo que irritó a los reporteros y las organizaciones de medios involucrados en dicha consulta.

Gracias a la presión política, el Ministerio del Interior informó a Leruth y Hurtado que organizaría una reunión de concertación antes de la firma del decreto.

La FIP y Fecolper se felicitaron por dicho compromiso y anunciaron que seguirán detenidamente el desarrollo de las negociaciones en el marco de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su parte, las Federaciones presentarán mañana un derecho de petición al Ministerio de Trabajo para que éste presente las valoraciones técnicas y jurídicas a objetar y para que el Gobierno brinde alternativas que garanticen las  condiciones laborales de los trabajadores, especialmente las relativas a inspección y vigilancia.

Durante la reunión, la FIP y Fecolper también hicieron un llamado al Estado de Colombia para que asegure la libertad de prensa y proteja la vida y la seguridad de los periodistas, destacando el caso de la reportera colombiana Claudia Julieta Duque.

En un acto de solidaridad internacional, Leruth y Hurtado asistieron el lunes en calidad de observadores a su juicio contra dos de sus nueve victimarios, todos ellos exfuncionarios del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y procesados por el delito de tortura agraviada contra Duque.