A través de un comunicado, esta entidad recuerda que ambas herramientas procesales se encuentran sujetas a control jurisdiccional y de las partes investigadas, pudiendo ser apeladas ante una segunda instancia.
“No son medidas abusivas ni generalizadas, dado que son dictadas dentro del debido proceso, la Constitución Política y la ley procesal”, señala el comunicado.
Además, la Fiscalía subraya en su pronunciamiento que ambas medidas cautelares están previstas en el Código Procesal Penal vigente desde el año 2004 “y en su aplicación no se hace distinción por razón de las diferencias de las personas, sino por la naturaleza, gravedad y complejidad de los delitos”.
En ese sentido, destaca que las detenciones preliminares y las prisiones preventivas son instrumentos que contribuyen a la investigación y persecución del delito, no solo en casos de corrupción de funcionarios, lavado de activos o crimen organizado, sino también en casos de violación sexual, sicariato, extorsión, asesinato, feminicidio, entre otros.
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— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 23, 2019
Precisa, además, que estas medidas son requeridas por el fiscal en el ejercicio de su autonomía funcional y otorgadas por los jueces, previa evaluación en el marco de su independencia jurisdiccional.
“Finalmente, negamos que en las solicitudes de detención preliminar y prisión preventiva exista algún tipo de injerencia, motivación política o de cualquier otra índole en el actuar de los fiscales”, concluye el comunicado.
Las últimas detenciones preliminares y prisiones preventivas dictadas por el Poder Judicial contra investigados en el marco del caso Odebrecht han abierto un fuerte debate en el Perú.
Un sector sostiene que la aplicación de ambas medidas en casi la totalidad de investigaciones viola derechos fundamentales, como el de la presunción de inocencia.
No obstante, otros sectores consideran que son instrumentos útiles para investigar casos complejos de corrupción y de criminalidad organizada y para asegurar la acción de la justicia.
El debate se reavivó con mayor intensidad a raíz del suicidio del expresidente Alan García, quien se quitó la vida momentos antes de ser detenido preliminarmente; y luego de la prisión preventiva dictada contra Pedro Pablo Kuczynski, de 81 años de edad, a pesar de estar afectado por un problema cardíaco.
ANDINA