PARÍS.- El ministro francés de Economía, Michel Sapin, presentó hoy ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que llevará su nombre y que, entre otras, pretende establecer un marco para evitar excesos en la fijación de la remuneración de los directivos de empresas.
Con la vista puesta en la polémica que generó el caso del presidente de Renault, Carlos Ghosn, Sapin señaló que su gobierno “comparte plenamente el objetivo de moderación de la remuneración de los directivos” mediante la obligación de que las juntas de accionistas den su visto bueno a la paga decidida por los consejos de administración.
El consejo de administración de Renault, pese al voto negativo de los accionistas, atribuyó a Ghosn 7.2 millones de euros a cuenta del ejercicio 2015.
El ministro consideró “chocante” esa decisión y por ello justificó el nuevo dispositivo del proyecto de ley, pero no la propuesta de algunos diputados para que establezca un límite a la paga -que a su juicio sería inconstitucional.
Sapin recordó que para las empresas públicas se ha impuesto como regla que la remuneración del máximo dirigente no puede ser más de 25 veces la que recibe cualquier otro trabajador, pero admitió que eso no se puede imponer a las compañías privadas.
Uno de los elementos centrales de este proyecto de ley “Sapin II” es un dispositivo para luchar contra la corrupción de las empresas francesas en el extranjero, pues desde la puesta en marcha en 2000 de la convención de la OCDE no ha habido ninguna condena en Francia.
Eso pese a que algunas empresas francesas han sido sancionadas, en ocasiones duramente, por la justicia de otros países, reconoció el titular de Finanzas, que subrayó su voluntad de modificar la imagen de Francia, porque la situación actual es “inaceptable”.
Con ese objetivo se crea una Agencia Francesa Anticorrupción, se refuerza el arsenal represivo y se permite que no sólo la Fiscalía, sino por ejemplo también una ONG, pueda lanzar un procedimiento en caso de corrupción en el extranjero.
En paralelo, se dará la posibilidad a las empresas incriminadas de pagar una multa al Tesoro francés y aplicar un programa para poner en conformidad sus procedimientos internos con el fin de prevenir la corrupción, a cambio del fin del procedimiento sancionador.
Sapin justificó este último elemento porque es lo que hacen todos los países y para “sancionar más rápido y más fuerte” a estas compañías.
En la proposición legislativa se incluye la obligación para que las empresas de más de 750 millones de euros de facturación tengan que precisar públicamente su negocio país por país, es decir, anticipando lo que se prevé en una directiva europea actualmente en preparación.
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