El Pleno del Congreso aprobó hoy una ley que establece la modalidad de ejecución humanitaria de la pena, a través de la cual los adultos mayores desde los 65 años podrán cumplir su condena en su domicilio, con un grillete electrónico.
El proyecto 3533, presentado por la congresista de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, recibió el apoyo de 55 congresistas, 30 en contra y 2 abstenciones. Posteriormente, fue aprobada la exoneración de la segunda votación.
Antes de la aprobación de la iniciativa, se votó la cuestión una previa para que el proyecto de ley pueda pasar por la Comisión de Justicia, lo cual fue denegado por la representación parlamentaria.
La autora del proyecto, Yeni Vilcatoma (FP), presentó un texto sustitutorio que recoge las observaciones planteadas durante el debate, como considerar un día de pena por dos del nuevo sistema de ejecución humanitaria.
Asimismo, señala que también beneficiará a las mujeres de 65 años y varones de 68 años con discapacidad severa inscritos en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y que hayan cumplido con un tercio de su pena.
Además, alcanza a los adultos mayores de 75 años o más que hayan cumplido un tercio de su pena y que estén con una enfermedad grave o crónica, la misma que deberá ser verificada a través de una pericia médica legal.
El texto excluye de estos beneficios a los condenados por terrorismo, traición a la patria, sicariato, feminicidio, violación sexual, tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada y organización criminal.
Por ello, no solo se puede acoger a sus beneficios el exdictador Fujimori, sino también a Vladimiro Montesinos, responsable de la gran red de corrupción que se fraguó durante el régimen fujimorista.
También para los miembros del grupo Colina, responsable de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas, entre ellas un niño, crímenes de lesa humanidad y por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato.
La congresista Marisa Glave declaró: “En una ley con nombre propio para Alberto Fujimori porque algunos se sienten culpables por lo que pasó con él, pero que puede servir para sacar a Julio Salazar Monroe, a Vladimiro Montesinos, a Hermosa Ríos y a toda la organización que montó Alberto Fujimori junto con Martín Rivas y compañía, para secuestrar, asesinar y torturar a estudiantes y campesinos”.
Por su parte, el congresista Alberto de Belaunde indicó que “es una ley inconstitucional e inmoral” contra la que “las fuerzas democráticas del parlamento” se han unido “en defensa de las víctimas, de la memoria histórica y de la decencia”.
“Seguiremos luchando a favor de la democracia y de los derechos humanos. La Constitución está de nuestro lado. No permitiremos este tipo de abusos”, agregó De Belaunde.
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