La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de Ecuador dispuso la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal, lo que implica su salida del aire.
Según la resolución, la salida del aire obedece al “incumplimiento” del artículo 120 numeral 5 de la Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, referido a “la prestación de servicios en contra de la seguridad nacional”.
También señalan falta al numeral 8 del artículo 94 de esa misma ley, que señala que “el uso del espectro radioeléctrico deberá contribuir a la seguridad pública y del Estado”. Asimismo, aseguran que la decisión está basada en el artículo 47 de la norma, que señala que la extinción del título habilitante se puede dar por tres razones: “incumplimiento en la instalación dentro del plazo, establecido para el efecto”, “por incurrir en mora en el pago de sus obligaciones, por tres meses o más pensiones consecutivas” o “por los demás establecidos en el ordenamiento jurídico y títulos habilitantes correspondientes”.
Según la resolución, el acto sancionatorio dio seguimiento a la penalidad aplicada el pasado 9 de octubre de 2019, durante las fuertes protestas contra el “paquetazo” de Lenín Moreno, cuando se ordenó la suspensión de actividades a la emisora, tras un allanamiento hecho un día antes.
Sin embargo, la suspensión de octubre fue levantada casi tres semanas después, tras ser aceptada una acción de protección en favor de la radio.
El proceso administrativo contra la radio comenzó el 3 de octubre, el mismo día que arrancó el paro nacional —que se extendió por 11 días—, cuando el coordinador militar de Comunicación del Ministerio de Defensa, Gonzalo Reyes Guevara, denunció a la emisora ante la Arcotel por presuntamente emitir contenido violento en el programa ‘En la oreja’.
La denuncia, presentada por Reyes, afirmaba que el contenido analizado durante el programa exponía frases que supuestamente incitaban “a la paralización de los servicios públicos”. Además, indicaron que en la fecha regía un “estado de excepción”, decretado por el presidente Moreno.
Pronunciamientos contra la medida
Paola Pabón, prefecta de Pichincha y presidenta del directorio de Pichincha Comunicaciones, empresa pública a la que pertenece la radio, denunció que la acción de la Arcotel es “un atropello a los derechos de la libertad de expresión y opinión” que, a su juicio, no tienen ningún sustento legal. Detalló que la decisión viola la acción de protección que fue aceptada en octubre por un juez local.
La prefecta explicó que el programa ‘En la oreja’, que se menciona en la sanción, es un “micrófono abierto” que recoge las opiniones de la ciudadanía. Indicó que la radio no afectó al estado de excepción, medida que, según explicó, limitaba el derecho a la libertad de tránsito, de asociación y movilización, pero no especificaba nada del derecho a la información.
“Además, la transmisión del programa que produjo la sanción fue transmitido a las 10:00 am y el Estado de excepción empezaba a las 12:00. No existe correlación en las horas”, argumentó.
Pabón, quien tiene un proceso abierto justamente por el presunto delito de rebelión durante el paro —actualmente usa un grillete electrónico—, recordó que no es la primera vez que se toman acciones contra el medio. Antes de las medidas de octubre y la actual, hubo un apagón a la emisora en respuesta a una supuesta deuda de la radio con el canal de televisión Gama TV.
El apagón ocurrió apenas 12 días después de que Pabón fuese electa para el cargo que ocupa actualmente. Un mes más tarde, se logró el retorno de las transmisiones de la emisora.
La funcionaria, que pertenece al movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, informó que iniciarán acciones penales por la violación de la acción de protección que tenía la emisora.
Además, dijo que presentarán un informe ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Defenderemos el pluralismo, no puede haber democracia si no hay libertad de expresión”, enfatizó.
Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, manifestó su preocupación por la resolución de la Arcotel contra la estación y señaló que “la revocación y cierre de un medio es medida de mayor gravedad”.
Por su parte, la organización Fundamedios, que pidió a las autoridades que revirtieran la resolución, sostuvo que “el cierre de un medio de comunicación es limitar el espacio democrático y una severa restricción a la libertad de expresión“.
Además, ciudadanos se concentraron frente a la sede de la estación radial en Quito para expresar su descontento contra la medida. (Agencias)