MADRID.- El gobierno español entregó al Parlamento un listado con casi 35.000 inmuebles de la Iglesia católica, con lo que abre una vía para posibles reclamos sobre su propiedad, en un largo proceso salpicado de una polémica sobre la titularidad de importantes monumentos en el país.
El Consejo de Ministros remitió al Congreso de los Diputados un listado con 34.961 inmuebles inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, es decir, inscritos por primera vez en un registro de propiedad, que abre la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos.
La vicepresidenta primera del Gobierno español, la socialista Carmen Calvo, informó de la remisión de ese listado en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en Madrid.
Calvo ha recordó que el Partido Socialista (PSOE) reclama desde hace años la publicación de esa relación y el Congreso ya aprobó en 2017 una proposición no de ley en la que se urgía a ello al Gobierno, entonces presidido por el conservador Mariano Rajoy.
En concreto, pidió que enumerase los bienes inmatriculados por la Iglesia en el Registro de la Propiedad después de que, con el también conservador José María Aznar como presidente del Gobierno, se reformase la Ley Hipotecaria, que permitió registrar a su nombre edificios, apartamentos y fincas con tan solo una certificación eclesiástica.
En 2015 hubo una modificación normativa que eliminó esa posibilidad y, por tanto, según Calvo, la lista incluye los bienes inmatriculados entre 1998 y ese año.
De las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 son templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias y 14.947 no se relacionan con estos usos y se trata de terrenos, viviendas, solares o locales.
De ellos, 30.335 fueron inscritos en virtud de certificación eclesiástica como permitía la ley hipotecaria hasta 2015.
Junto a ellos hay 4.626 con otro título distinto, “bastante insuficiente para la demostración de la propiedad”, puntualizó.
Calvo señaló que a partir de ahora las personas físicas y jurídicas ya tienen conocimiento del listado por si se considerase necesario actuar sobre la propiedad, mediante una primera vía para que la Administración abra una investigación sobre la titularidad y también acudiendo a los tribunales.
La vicepresidenta justificó en la laboriosidad de este estudio que no haya sido posible hasta ahora atender el mandato del Congreso en 2017, con una labor registro por registro para encontrar cada uno de los inmuebles, algunos declarados monumento nacional e incluso Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La identificación de estos inmuebles fue una promesa del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en su investidura en enero de 2020.
LA IGLESIA DICE QUE NO QUIERE NADA QUE NO SEA SUYO
La Conferencia Episcopal Española se mostró dispuesta a que se revisen las inmatriculaciones “si el Derecho lo permite”, porque “no quiere a su nombre nada que no sea suyo”.
Su secretario general, Luis Argüello, recordó que “existían dos años después de cada acto inmatriculador para que personas con mejor derecho o instituciones pudieran reclamar la titularidad”.
Argüello destacó que esos bienes de la Iglesia están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana, como la liturgia y la catequesis, y muchos de ellos tienen “un extraordinario valor histórico, artístico y cultural”.
Los privilegios de la Iglesia católica para registrar a su nombre inmuebles, incluso de dominio público, se remontan una ley de 1946, durante la dictadura militar de Francisco Franco, pero se ampliaron en 1998 con la posibilidad de inmatricular también los templos de culto.
Solo en ese último periodo, hasta que en 2015 se reformó la Ley Hipotecaria, se inscribieron casi 35.000 bienes, recogidos en el listado.
La polémica ha sido recurrente en los últimos años en España, tras cuestionarse el derecho de propiedad de la Iglesia sobre uno de los monumentos más emblemáticos del país, la Mezquita de Córdoba, un edificio de la época árabe convertido en catedral. EFE