El Gobierno aprobó hoy viernes el reglamento de la Ley de Extinción de Dominio que permite una lucha frontal contra el enriquecimiento de las organizaciones criminales y de las personas que realizan al margen de la ley.
El reglamento, publicado hoy con el Decreto Supremo 007-2019-JUS en el diario oficial El Peruano, complementa la Ley de Extinción de Dominio, que dispone que los bienes de origen o fin ilícito deban ser revertidos al Estado al considerar que no se puede adquirir propiedad ni derecho real patrimonio de origen o destino ilícito.
La norma desarrolla el trámite y las medidas necesarias establecidas en la Ley de Extinción de Dominio, y establece los principios, medidas y procedimientos propios que diferencian el proceso de extinción de dominio de aquellos de naturaleza civil, penal o administrativa.
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Uno de los objetivos principales de la norma es la erradicación directa del patrimonio obtenido ilícitamente por las organizaciones criminales, en un proceso independiente de aquel en el que se determina la responsabilidad penal y la imposición de la pena.
Se establece una regulación estructurada por competencias de cada órgano, precisando sus atribuciones y delimitando criterios de actuación de fiscales y jueces para lograr el éxito del proceso con la consecuente disminución del poder económico de las organizaciones criminales.
El reglamento desarrolla también las garantías procesales y presupuestos de procedencia, los derechos de defensa, a la prueba y a la pluralidad de instancias que forman parte del derecho al debido proceso.
Asimismo, desarrolla las reglas sobre la indagación patrimonial, establece los supuestos en los cuales el fiscal puede acumular o no indagaciones patrimoniales, las técnicas de investigación, así como las medidas cautelares que pueden ejecutarse y el supuesto en el cual puede declararse la complejidad del proceso.
Con este reglamento, los órganos administradores de justicia y de investigación tendrán una herramienta eficaz para la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, los delitos ambientales y la criminalidad organizada, entre otros.
ANDINA