El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, dictó prisión preventiva de 3 meses contra el expresidente, Otto Pérez Molina, tras abrirle proceso penal por una presunta defraudación aduanera a través de la red de corrupción La Línea.
El magistrado señala que el auto de prisión preventiva se dicta por la razón del peligro de la obstaculización de la verdad debido a que por su investidura de ex presidente, Otto Pérez Molina tiene influencia en las personas prófugas y podría entorpecer la investigación de la fiscalía.
El abogado del expresidente, César Calderón, pidió que el período de la detención preventiva fuera de un mes, pero el juez rechazó la solicitud y decretó los tres meses permitidos por la ley.
Tras su renuncia presentada el pasado 2 de septiembre el ex presidente guatemalteco enfrentará un juicio penal por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Miguel Ángel Gálvez dio a conocer su decisión tras una extensa presentación de los argumentos que recibió de la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad (CICIG), que en su criterio conectan a Pérez Molina con una red que cobraba sobornos para evadir impuestos aduaneros.
El exmandatario, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta, Rosario Baldetti, afrontan un proceso por presunta defraudación aduanera.
El magistrado aseguró que la intención de la red delictiva era tomar control de todas las aduanas guatemaltecas por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ente encargado de la recaudación de tributos, para alterar las declaraciones y obtener un porcentaje de la recaudación.
En ese sentido explicó que su decisión concede a la Fiscalía tres meses para investigar y fundamentar la demanda antes de llevar al ex presidente a un juicio oral y público.
a Fiscalía con el respaldo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalan a Pérez Molina de ser uno de los líderes de “La Línea”, la red que fue desmantelada en abril pasado.
Por ese caso se encuentra en prisión preventiva la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo en mayo pasado, y otras 27 personas entre funcionarios y particulares.
La red, que tenía como jefe operativo al prófugo de la justicia Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti, se habría apoderado de al menos 29 millones de quetzales (3.7 millones de dólares) producto de los sobornos por la defraudación aduanera, según la acusación de la Fiscalía.(ECHA- Agencias)