Mediante decreto legislativo, el Ejecutivo estableció las penas de 6 a 15 años de cárcel para las personas que, sin autorización, tengan la posesión de explosivos y también para aquellas que le den uso para la comercialización.
De acuerdo con la norma publicado por el diario oficial El Peruano, la misma pena se ejecutará para quienes presten o alquilen sin la debida autorización estos explosivos, así como las que tengan en su poder materiales inflamables y tóxicos que sirvan para la elaboración.
El decreto legislativo lleva la firma del presidente Ollanta Humala, del jefe del Gabinete Ministerial y de los titulares del Interior y Justicia.
La norma se aprobó tras los últimos reportes de granadas halladas en diversos distritos de Lima que se dieron durante las últimas semanas. (ECHA)