Esperamos que el Poder Judicial revierta la resolución de la jueza Catalina Pérez Escalante, quien rechazó el pedido fiscal que planteaba investigar a Keiko Fujimori bajo la Ley de Crimen Organizado, dijo Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal.
Fue al considerar que la Sala Penal Nacional de Apelaciones, que revisará el caso tras la apelación del fiscal Domingo Pérez, debe resolver de manera más clara este caso, que dijo fue resuelto de manera inusualmente rápida.
“Llama la atención la rapidez con la que en algunos casos el Poder Judicial actúa. Como abogado litigante me parece inusual ese tipo de respuestas tan inmediatas ante problemas sustanciales de una investigación”, dijo en Ideeleradio.
“Lo que espero es que la apelación, que ya ha sido presentada por la Procuraduría de Lavado de Activos, sea resuelta sobre la base de un marco mucho más claro en términos de los fundamentos que Pérez Gómez había planteado e inclusive de lo que seguramente la Corte Suprema va a publicar como el texto del nuevo acuerdo plenario en relación al delito de lavado de activos”, apuntó.
Un marco normativo
Rivera Paz sostuvo que la disposición del fiscal Domingo Pérez Gómez fue una decisión que se adecúa al marco normativo vigente por el que para fines procesales se enmarcaban las pesquisas en la Ley de Crimen Organizado.
“La disposición estaba respaldada por un marco normativo en la que no es que estaba ya decidiendo el curso de la investigación o tomando una decisión última y definitiva, sino que básicamente pretendía encuadrar una investigación de acuerdo a lo que él había encontrado, y eso había ocurrido en casos anteriores, y en realidad nadie se había puesto tan quisquilloso o cuestionador de esa decisión”, aseveró.