"La Asociación Nacional de Periodistas del Perú inició una campaña gremial por la libertad del periodista Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa radial La Voz del Pueblo, transmitido en la emisora La Exitosa, en la provincia de Coronel Portillo.

El comunicador social está recluido en el penal de Pucallpa, desde hace dos meses, tras ser querellado por difamación por Agustín López Cruz, Fiscal Provincial en dicha jurisdicción, en razón de diversos comentarios referidos a las actividades profesionales del citado magistrado.

El periodista ha sido condenado a tres años de prisión efectiva y a pagar la suma de 20 mil nuevos soles (U$ 7,300 aprox.) por concepto de reparación civil.

La situación del periodista Paul Segundo Garay Ramírez es única en los anales de la justicia peruana, pues ha sido sentenciado injustamente aplicándosele una pena drástica, desproporcionada e inusual, sin considerar que no existe un agravio que justifique tal medida de gravedad.

Durante la tramitación del proceso el periodista adujo vulneración del principio del debido proceso e indefensión al no admitirse la impugnación de la validez de las pruebas que supuestamente lo implicaba en el delito materia de querella. Paul Garay Ramírez ha apelado la sentencia.

En razón a ello les hacemos un llamado solidario a remitir comunicaciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César San Martín Castro, e.mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , con copia a la ANP: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , solicitando la aplicación del debido proceso y expresando su queja por el sistemático uso y abuso de querellas judiciales contra los periodistas que amenazan en convertirse en verdaderos instrumentos de intimidación y censura.

Hay necesidad de exhortar a las autoridades a que liberen al periodista Garay Ramírez, que revoquen la sentencia por difamación y adecuen la legislación a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, que considera las leyes civiles como la solución adecuada para resolver casos por supuesta difamación.

Anexamos una ayuda memoria sobre el caso a fin de que dispongan de mayor línea argumentativa en esta causa.

Fraternalmente,

Roberto Mejía Alarcón, Presidente ANP

Zuliana Lainez Otero, Secretaria general ANP