CIUDAD DE MÉXICO.- Los países de América Latina que privatizaron sus pensiones vieron en las últimas tres décadas resultados negativos en su calidad de vida, desveló este lunes el informe “La reversión de la privatización de las pensiones” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Uno de los autores, Fabio Durán (foto), expuso en la presentación en Ciudad de México que esta privatización del sistema iniciada en 1981 en Chile y propagada por hasta 14 países de la región trajo consecuencias “nada favorables” en términos que van desde la calidad de vida a la desigualdad de género.
En un inicio, organismos económicos internacionales presagiaron que una gestión privada de las pensiones “iba a generar mayor cobertura, mayor eficiencia, basada en la competencia de mercado”.
Se equivocaron según este informe del organismo de las Naciones Unidas que recoge datos y casos concretos de la región y de algunos países de Europa y África que sufrieron las mismas consecuencias.
Se dio por hecho “que el sector privado era más eficiente que el sector público” y las consecuencias fueron otras: las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron en todos los países, los niveles de beneficio se deterioraron, aumentó la desigualdad de género y de ingresos y se dispararon los costos administrativos.
“En lugar de haber sido beneficiados los trabajadores, quienes más se beneficiaron fueron las empresas que gestionan los fondos privados de pensiones”, comentó Durán.
Además de esto, el especialista de la OIT agregó que con este modelo se exterminó la “solidaridad colectiva” y se abocó a “un deterioro del diálogo social”.
El máximo responsable es el ciudadano, cada uno percibe una pensión proporcional a lo cotizado individualmente cuando contrata los servicios de una administradora privada, expuso
Un sistema público de pensiones, en cambio, se basa en un ahorro administrado por entidades estatales, una alcancía colectiva.
No obstante, desde 1981 se hizo presión por parte de organismos económicos internacionales para que se instaurasen estos sistemas, una presión que todavía perdura a día de hoy a pesar de estos resultados negativos.
América Latina fue el laboratorio de experimentación con resultados desafortunados: en Argentina, por ejemplo, la cobertura disminuyó del 46% que había antes de la reforma (1996) a 35% en el 2002.
En el caso de México también hubo una reducción significativa al pasar del 37% al 30% en el periodo de 1998 al 2004.
“Estamos hablando de unas caídas muy significativas en los niveles de beneficios”, apuntó Durán.
También la presión fiscal, “que se pensaba se iba a reducir” aumentó con estos modelos.
Por ello, el estudio concluye que estos sistemas únicamente son válidos si complementan al sistema público de pensiones.
Sabiendo esto, se abrió hace unos años una tendencia en la región, pues algunos países como Argentina y Bolivia, o Hungría en Europa, ya realizaron una reversión de esta privatización, ya sea parcial o total.
Ahora México, con su nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, podría apostar por esta opción aunque todavía es pronto para establecer pronósticos, comentó el experto.
Según dijo a Efe Duran, este tipo de decisiones son complejas e intervienen el sector público y el privado, que en ocasiones se repelen y están condenados a procurar entenderse, cada uno defendiendo sus propios intereses.
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