Durante una visita a la región de Huancavelica, Keiko Fujimori aseguró que “las mal llamadas esterilizaciones forzadas” se dieron en medio de un programa de salud reproductiva del gobierno de su padre, cuyo objetivo era “dar a la mujer la posibilidad de elegir cuántos hijos quería tener”.
Después reconoció el derecho a indemnizaciones “si ha habido alguna mujer esterilizada sin su consentimiento” durante el Gobierno de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), encarcelado por delitos de lesa humanidad.
“Como mujer estoy a favor de una investigación. Han pasado quince años de investigaciones y ha habido cinco conclusiones diferentes, entre ellas del Congreso y de la Fiscalía. Estas han dicho que no hubo política del Estado para esterilizar mujeres (sin su consentimiento), pero sí responsabilidades individuales”, dijo.
La investigación de las esterilizaciones forzadas se encuentra actualmente a cargo de la fiscal supraprovincial de Lima, Marcelita Gutiérrez, y abarca las denuncias de 2.074 personas, pero existen más afectadas que piden ser incluidas en la investigación.
La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y 2001, pero se desconoce cuántas se ejercieron mediante presuntos engaños y coacciones.
En cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fiscal superior penal Luis Landa ordenó revocar en mayo una decisión tomada en enero de archivar el caso después de que fuera reabierto en junio de 2013.
La CIDH determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.
El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se había encontrado indicios criminales en los investigados por las irregularidades cometidas durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000. (EFE/Agencias)
Fotos: Internet/Medios