La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresa su rechazo a los abusos cometidos contra dos periodistas en Chiclayo (Lambayeque), sucedidos en menos 48 horas mientras ambos colegas ejercían labor informativa.
El primer caso ocurrió el último martes 5 de marzo en horas de la tarde, cuando el teniente PNP Jordan Tafur Lizardo, de la Comisaría del Norte en Chiclayo, arrebató el celular de la periodista Ericka Alvarado Rosales, reportera del diario Correo, de forma arbitraria y sin explicaciones.
La reportera se encontraba desde la mañana de aquel día en dicha dependencia policial investigando un caso de violencia familiar, sin embargo, el agente policial le impedía ingresar.
ANP repudia acoso a periodista y pide celeridad para sancionar estas prácticas
Cuando el efectivo la vio junto a su equipo se acercó para amedrentarla propinándole un golpe, sin embargo, Alvarado Rosales se mantuvo en la comisaría.
Minutos después el teniente Tafur vuelve a salir, ante lo que la reportera comienza a grabar con su teléfono móvil, sin imaginar que el policía volvería a agredirla y le arrebataría el celular.
A pesar de que la periodista ingresó a la comisaría para conversar con el efectivo, éste no le devolvió el equipo celular, por el contrario, al salir de la dependencia el agente amenaza a los periodistas que permanecían en el lugar diciendo “ya sé quiénes son”.
La ANP exige que se reabra investigación del caso Julio Moisés Mesco
La ANP Chiclayo tomó acciones poniéndose en contacto con el comisario responsable de la dependencia policial para solicitar que le den una sanción ejemplar al agente que actuó de forma abusiva contra la colega, al mismo tiempo que exigió respeto al quehacer periodístico.
Al día siguiente de este hecho, el miércoles 6 de marzo en horas de la noche, fue perpetrado otro exceso contra un periodista, también en Chiclayo. En esta ocasión el alcalde de la ciudad, Marcos Gasco Arrobas, retiró abusivamente al coordinador periodístico del semanario “Expresión”, Daniel Gustavo Vera.
Todo sucedió desde las 7:40 de la noche, cuando los periodistas llegaron a la Municipalidad Provincial de Chiclayo para la conferencia de prensa que había sido convocada por la oficina de imagen de dicha institución.
A su llegada al recinto, el burgomaestre saluda al periodista increpándole erróneamente ser el responsable de grabarlo días antes mientras manejaba obstruyendo el paso de una ambulancia de los bomberos. Vera niega el hecho, ya que esta grabación fue realizada por otro medio local.
ANP Pacasmayo rechaza que se impida presencia de periodismo en sesiones de concejo
Minutos después, al iniciar la conferencia de prensa, el alcalde pide a Vera y su equipo del semanario que se retiren del auditorio, a lo que Vera la recordó que era un espacio público y tenía derecho de estar ahí como cualquier ciudadano.
Ante esta respuesta, Gasco Arrobas se expresa abusivamente diciendo: “sí, pero este es mi despacho. Que se retire para poder continuar con la reunión”, luego de lo que ingresó a su despacho personal.
Después de un momento de espera, vuelve a salir el alcalde indicando que la conferencia sería realizada en la sala adyacente, pero que antes deseaba hablar con Daniel Vera y su equipo, llevándolos hacia afuera para decirles que luego declararía para ellos.
El burgomaestre ingresó a la sala, cerrando la puerta, para no salir a declarar como lo indicó. Para sorpresa de los periodistas, minutos después un hombre no identificado pidió al equipo del semanario que se retire, llamando al personal de seguridad y serenazgo.
Informe RSF: Se constata “ligera mejoría” de la libertad de prensa en América Latina
Para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP, ambos hechos constituyen claros abusos contra la libertad de prensa, y es muy preocupante al haber sucedido en un mismo ámbito provincial.
Asimismo, respalda a su asociación provincial de Chiclayo, que informa y actúa sobre los acontecimientos que afectan la libertad de prensa y su pleno ejercicio.
La ANP recuerda a las autoridades policiales y ediles que la actividad periodística no puede ser coartada porque cualquier ataque a la misma constituye una violación al derecho a la información de la colectividad.