LIMA.– El gobierno de Perú autorizó hoy la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en la ciudad de La Oroya, donde el martes murió una persona y más de 60 resultaron heridas en medio de enfrentamientos generados por un conflicto minero.
Una resolución del Ministerio del Interior autorizó la intervención de los militares durante un mes en la provincia de Yauli, que tiene a La Oroya como capital, con el objetivo de “asegurar el control y mantenimiento del orden interno.”
La norma indicó que se busca evitar actos de violencia o ilícitos que se pudieran cometer durante las movilizaciones que se presentan en La Oroya.
Añadió que la actuación de las Fuerzas Armadas será en apoyo a la Policía “y no releva la activa participación de esta”, que mantiene el control del orden interno de la provincia.
Los pobladores de La Oroya, a unos 185 kilómetros de Lima, mantienen hoy bloqueada la Carretera Central, la principal vía de comunicación del centro del país, mientras que una comisión de sus autoridades llegó a la capital peruana para reunirse con representantes del gobierno.
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El martes una persona murió y otras 63 resultaron heridas durante los enfrentamientos que se dieron entre manifestantes y policías que intentaban desbloquear la carretera.
Los pobladores de La Oroya comenzaron la paralización ante el fracaso de la licitación de los activos de la empresa Doe Run Perú, que comprende el complejo metalúrgico en esa localidad y la mina Cobriza, en la vecina región de Huancavelica.
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Por ese motivo, exigen a las autoridades que emitan un decreto de urgencia que asegure la protección laboral de los trabajadores mineros y que se declare a su ciudad en situación de emergencia.
Doe Run, empresa del magnate estadounidense Ira Rennert, paralizó sus operaciones en 2009 aduciendo no tener suficientes recursos y mientras era acusada por las autoridades peruanas de incumplir con sus compromisos ambientales.
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En abril de 2012, la minera fue declarada por sus acreedores en proceso de “liquidación en marcha”, ante la imposibilidad de aprobar el plan de reestructuración que presentó para volver a operar en el complejo metalúrgico de La Oroya.
La Corte Superior de Justicia de Lima determinó en agosto del año pasado que la empresa debía pagar al Estado peruano 163 millones de dólares por no haber construido una planta de ácido sulfúrico y el circuito de cobre en el complejo metalúrgico de La Oroya.
EFE / Foto: Andina
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