En las últimas semanas en ciudades como Trujillo, Arequipa y Lima, los periodistas y comunicadores sociales en general de esas localidades participaron de animados debates sobre el concepto de protección social, entendida esta como derecho de la persona humana y deber del Estado y de la sociedad, en la lucha contra la pobreza.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú lideró tal debate, con resultados que tuvieron que ver con la presencia del tema de la protección social en el escenario público, como un desafío para toda la colectividad peruana; la descripción de los programas de transferencias para llevar adelante los objetivos en esa lucha contra la pobreza tanto a nivel regional como local; los puntos de convergencia y las diferencias según la identidad y la calidad humana de quienes tienen que enfrentar los desafíos de la pobreza, teniendo como instrumento de atención la aplicación de las políticas sociales y de los sistemas de protección social, en ese compromiso de abrir camino a la solidaridad, conciliando la independencia individual con la responsabilidad colectiva.
Del debate en cada uno de esos lugares se desprende que es perentorio darle modernidad a los sistemas de protección social, teniendo como sustento el compromiso de un nuevo derecho, que sobrepase la noción de responsabilidad de los individuos.
No se dejó de reconocer los esfuerzos realizados en el marco de la familia, la comunidad, las asociaciones vecinales y religiosas, pero se comprendió, al mismo tiempo, que más allá de las experiencias de años pasados, es menester construir una protección social basada en la acción colectiva, con sistemas de protección que permitan visibilizar la acción pública que resguarda a quienes requieren afrontar los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez, desempleo, entre otros problemas que faciliten una vida más decorosa a quienes más necesitan.
Los participantes pusieron como puntos de debate tanto las normas vigentes respecto a la protección social, señalando en forma unánime la trascendencia que tienen en la medida en que se constituyan en políticas de Estado, pero al mismo tiempo el rol del Estado en el área social en escenarios básicos de acción, como son la asistencia social propiamente dicha, el seguro social y la seguridad social, que involucra las actividades que siguen, por ejemplo, la distribución de bienes y recursos para sectores específicos de la población, seguro social que demanda distribución de bienes y servicios a categorías ocupacionales, y seguridad social que significa la distribución de bienes y servicios a todos los individuos para la cobertura de los riesgos sociales clásicos, entre ellos, enfermedades, vejez, exclusión, etc.
El debate no ha terminado. Ha quedado en agenda definir cómo debe ser la prestación en el área social específica, como es el caso de la educación, la salud, el empleo, entre otras.
Sobre el particular, hay teorías coincidentes y discrepantes, corrientes de pensamiento que requieren ser contrastadas y, sobretodo, sobre el rol del Estado, cuando el mismo ya no es de bienestar, pero que merece ser discutido, teniendo en agenda las exigencias impuestas por el crecimiento de los riesgos asociados a los procesos de cambio en lo económico, político y social.