OSTRAVA/R. Checa.- Elena Gorolová tenía 21 años cuando, en 1990, le sometieron sin informarle a una esterilización en un hospital checo. Como ella, cientos de mujeres, muchas de ellas gitanas, esperan ahora a que el Estado les indemnice por un daño que, como ella dice, no se compensa con dinero.
El Parlamento checo está tramitando la aprobación de una ley, que tiene un amplio respaldo, para compensar con 11.500 euros a las estimadas cuatrocientas mujeres que fueron esterilizadas sin ser informadas plenamente ni dar su consentimiento entre 1966 y 2012.
VICTORIA AGRIDULCE
Si sale adelante, se tratará de “una gran victoria para todas las mujeres, porque ha sido una lucha de todas ellas”, declara a Efe Gorolová, quien reconoce, no obstante, que esa compensación le genera sentimientos contradictorios.
“Será también una tristeza, porque el dinero no te devuelve a ningún hijo”, lamenta en su domicilio en Ostrava, en el noreste del país.
En su recuerdo sigue indeleble el día en que fue esterilizada, una experiencia que le provocó una depresión que sufre desde entonces.
El 24 de febrero de 1990 Gorolová dio a luz a su segundo hijo en el hospital de Vitkovice-Ostrava, en un parto muy difícil que se complicó y durante el que le realizaron una cesárea.
En medio de fuertes dolores, aún en la cama del hospital, el personal médico le presentó dos documentos.
“Uno era para dar el nombre del niño o a la niña. El segundo, creo que fue para la esterilización, que firmé sin saber en absoluto de qué se trataba”, rememora. Algo parecido le ocurrió a Natasha Botosova, que fue esterilizada en 1991 cuando tenía 25 años en otro hospital de Ostrava.
La esterilización forzada o sin información clara fue un práctica extendida durante la dictadura comunista que vivió la entonces Checoslovaquia hasta 1989.
Una directiva de 1971 permitió la esterilización sistemática de mujeres gitanas, y de todas aquellas con defectos congénitos, sin otorgar su asentimiento informado y como medida para controlar su natalidad.
El problema es que, incluso tras la llegada de la democracia, esta práctica continuó, según denuncia la activista de derechos humanos Gwendolyn Albert, que lleva dedicada a estos casos desde 2004.
“Desgraciadamente, tengo conocimiento de alegaciones en casos recientes de mujeres esterilizadas sin su consentimiento libre e informado, pero hay actualmente una prescripción legal de tres años para cursar una denuncia judicial si la persona quiere obtener compensación económica”, explica a Efe Albert.
INDIFERENCIA SOCIAL
Gorolová y Botosova entraron, varios años después de su esterilización, en contacto con el colectivo “Vzajemné Souzití” (Convivencia mutua), que agrupaba a mujeres que sufrieron esa práctica y se sentían indefensas ante el sistema.
“En la década de 1990 era aún un tema tabú, del que no se hablaba apenas, hasta que nos juntamos en ‘Convivencia mutua’ y ahí empezó a salir todo a la luz, sin cortapisas”, describe Botosovo el clima social de indiferencia que se respiraba entonces en torno a las esterilizaciones forzada.
Botosova recuerda una manifestación de protesta delante del hospital, en el que participaron decenas de personas, y que le costó el puesto de trabajo.
“Me echaron del trabajo por acudir a esa manifestación”, explica.
LUCHA EN LOS JUZGADOS
Poco a poco fueron articulando sus demandas, ante el Defensor del Pueblo y, en algunos casos, ante los juzgados, pero sin resultados satisfactorios para la mayoría de ellas, más allá de las disculpa oficial y el “arrepentimiento” que expresó el Gobierno en 2009.
Algunas llevaron su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero sin éxito.
“Rechazaron mi demanda en Estrasburgo”, recuerda Gorolová, que no tuvo el mismo resultado que otra joven gitana eslovaca que en 2011 logró una indemnización de 43.000 euros tras una sentencia de la corte europea.
Gwendolyn Albert estima que serán unas 400 las mujeres que podrían acogerse a esa nueva ley de compensación, en el caso de que se apruebe, aunque muchas afectadas seguirán manteniendo silencio por la afrenta familiar y social que supone reconocer el hecho de la esterilización. EFE