El fiscal coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, se mostró en desacuerdo con la decisión de la Corte Superior de Apurímac de liberar a los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, abogados de la comunidad de Fuerabamba.
La medida fue tomada por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac, que dejó sin efecto la orden de prisión preventiva por 36 meses contra los hermanos Chávez Sotelo, investigados por el presunto delito de extorsión y organización criminal a la minera MMG Las Bambas.
“La Sala revocó la detención preventiva de 36 meses y lo ha convertido en comparecencia con restricciones, no compartimos la decisión, pero como hombres de derecho respetamos la decisión del Poder Judicial”, afirmó en Canal N.
Sostuvo que, dentro de la hipótesis del fiscal provincial Jafet Velásquez, que investiga este caso, era necesario la detención preventiva de ambos investigados, razón por la cual solicitó la medida al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba, Apurímac.
Ahora, con la comparecencia con restricciones, los Chávez Sotelo enfrentarán la investigación en liberad y deberán guardar medidas de conducta, firmar todos los meses un cuaderno de control y no podrán vincularse con los demás investigados.
“Esperamos que cumplan, si no se revoca la medida, además la investigación continuará, no significa que han sido declarados inocentes, lo que pasa es que enfrentaran la investigación con comparecencia restringida”, refirió.
Precisó que la resolución no podrá ser apelada, dado que se trata de una segunda instancia.
Indicó, sin embargo, que por las restricciones para relacionarse con los demás investigados, no podrán seguir asesorando a los comuneros de Fuerabamba.
Chávez Cotrina refirió que la investigación se encuentra en la etapa preparatoria, luego pasará a la etapa intermedia y el juicio oral. Estiman que tardará un plazo dos años a más para tener una sentencia.
Los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo y Carlos Vargas fueron detenidos el 3 de abril por disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambobamba. Cumplen la orden en una prisión de Apurímac.
Foto Andina