Latinoamérica exige en día de víctimas de desapariciones “saldar deuda pendiente”

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BOGOTÁ (Colombia).- Organizaciones sociales, políticas y civiles en Latinoamérica conmemoraron hoy el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con el reclamo de esclarecer el paradero de las miles de víctimas ante la ausencia de justicia en la mayoría de los casos.

América Latina ha sido por años una de las regiones más afectadas por la desaparición forzada, como es el caso de las dictaduras en el Cono Sur, los conflictos armados en Colombia y Centroamérica, y que se ha recrudecido como método de represión por parte de pandillas, el narcotráfico y en medio de la violencia política.

En el Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Nicaragua y Guatemala) la desaparición de inmigrantes está latente con una estimación de 6.000 en los últimos 15 años, según el experto del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Olivier Dubois.

La Pastoral de Movilidad Humana de Honduras denunció que 727 personas han desaparecido desde 1996 en su viaje a Estados Unidos.

En Guatemala, donde hace 20 años se firmó la paz, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico cifró en 45,000 las personas desaparecidas en medio del conflicto armado, con la mayoría de los casos aún sin esclarecer.

Guatemala tiene “una deuda pendiente” en la búsqueda de personas desaparecidas y “le falta reconocer” las atrocidades que cometió durante el conflicto armado, dijo el director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Juan Francisco Soto.

La procuradora salvadoreña, Raquel Caballero, pidió al Congreso ratificar dos convenios de la ONU y la OEA contra las desapariciones forzadas para saldar parte de la “deuda histórica” con las víctimas de la guerra civil (1980-1992), alrededor de 8,000.

El Gobierno de Colombia, que en noviembre pasado firmó un proceso de paz con las FARC que puso fin a más de 50 años de conflicto armado, se comprometió junto a esa guerrilla a reparar a las víctimas e instaurar una comisión de la verdad que, entre otras cosas, ayude a esclarecer los casos de desaparecidos.

Según cifras del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), desde 1938 hasta el 31 de julio del 2017 se reportaban más de 124,000 personas desaparecidas en el país andino.

El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que están registrados más de 30.000 desaparecidos y exhortó a abrir “un nuevo camino de justicia para las víctimas de desaparición” y reforzar “el régimen de protección internacional contra dicho flagelo”.

Uno de los casos más emblemáticos de México son los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el 2014, lo que según activistas y familiares es uno de los episodios de persistente impunidad y obstrucción a la justicia.

En Argentina, según el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado se estima un total de 8,631 casos entre 1967 y 1983, de los que 7,018 son víctimas de desaparición forzada y 1.613 de asesinato, además, el organismo Madres y Abuelas de Plaza de Mayo cifra en 30,000 los detenidos desaparecidos en la última dictadura militar (1976-1983).

El Gobierno del actual presidente argentino, Mauricio Macri, se ha visto afectado por la desaparición del activista Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez durante una protesta indígena reprimida por la policía el pasado 1 de agosto.

En un esfuerzo por luchar contra este fenómeno, Perú promulgó el año pasado una ley de búsqueda de desaparecidos, a raíz de las 69,000 víctimas que dejó el conflicto interno entre 1980 y el 2000, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

El presidente boliviano, Evo Morales, destacó la reciente formación de la Comisión de la Verdad para investigar y aclarar los crímenes cometidos durante las dictaduras entre 1964-1982, de los que no hay documentación sobre los hechos cometidos en el Plan Cóndor.

En República Dominicana activistas de los derechos humanos denunciaron el “silencio” del Estado ante las desapariciones forzadas, que cifran entre 20,000 y 30,000 desde la dictadura de Rafael L. Trujillo Molina (1930-1938 y 1942-1952) y los Gobiernos de Joaquín Balaguer (1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996).

La ONG venezolana Provea tiene un registro de 141 casos de desaparición forzada desde el año 2000 y el 2016 se reportaron 19 desaparecidos. El más reciente es el del exministro de Defensa, el militar retirado Raúl Isaías Baduel, quien hace 22 días fue sacado de su celda sin que se informara a sus familiares a dónde fue trasladado.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile, según cifras oficiales, unas 3,200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1,192 figuran aún como detenidos desaparecidos.

En Brasil se estima que hay 379 muertos y desaparecidos de la dictadura militar, mientras que defensores de los derechos humanos calculan que al menos 59 de los cerca de 80 miembros de la guerrilla del Araguaia murieron o desaparecieron durante combates con el Ejército entre 1972 y 1974.

El Gobierno brasileño fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la omisión en proveer esos datos y violar el derecho a la verdad.

Durante la dictadura militar en Panamá (1968-1989) las desapariciones forzadas y homicidios documentados fueron de 110 casos, que corresponden a 70 asesinatos y 40 desapariciones.