La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, consideró que el debate y la votación de las leyes que emite el Congreso se deben dar en un horario que permita a la población escuchar la deliberación.
“Tiene que ser un horario para que los ciudadanos, que son sus electores, puedan escuchar a sus congresistas y puedan preservar su gusto de haberlo elegido, representan la voz que pensaban”, mencionó.
Sostuvo que el Tribunal Constitucional no quiere interferir en las competencias del Congreso, pero les pide reflexionar en que su labor tiene como destinatario los ciudadanos y su deliberación debe ser abierta.
“Ellos demandan que las deliberaciones sean para el pueblo, para la ciudadanía, para que conozca cuáles son sus argumentos, y si el congresista, que dijo tener una posición en un tema, lo mantiene; eso genera el control social que legitima el trabajo de los congresistas”, afirmó a Canal N.
Marianella Ledesma agregó que en los debates en el Parlamento virtual no existe la publicidad ni el voto directo de los congresistas, sino un voto por medio de sus voceros parlamentarios, lo que es una afectación al control social de los ciudadanos.
Indicó, en ese sentido, que el Congreso ha cumplido con esos procedimientos antes, usado un tablero eléctrico para sus votaciones, pero se ha paralizado por la pandemia.
TC declara inconstitucional ley que suspende cobro de peajes
En ese sentido, recordó el Tribunal Constitucional ha señalado en sus sentencias sobre los peajes que las prácticas del Parlamento digital se deben adecuar a los principios de transparencia e integralidad del voto debido a que los parlamentarios representan a la nación, y el interés público.
Precisó que el Tribunal Constitucional cumple con sus funciones bajo los procedimientos establecidos en la Constitución, obligación que debe guardar también las demás autoridades y la población.
La titular del Tribunal Constitucional, asimismo, indicó que el organismo constitucional puede resolver una demanda de inconstitucionalidad en tres meses, pues los procedimientos digitales aceleran los procesos.
“Prueba de ellos es el caso de los peajes, resuelto en tres meses, es el tiempo que puede aplicarse para cualquier proceso de inconstitucionalidad que llega la Tribunal Constitucional”, sostuvo.
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