Oracio Pacori, congresista de Nuevo Perú, atribuyó a la ausencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como al archivo de las denuncias constitucionales en el Congreso, que magistrados involucrados en organización criminal Cuellos Blancos del Puerto continúen en el sistema de justicia, como denunció un medio local.
“Como integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, he podido ver en todo el anterior periodo legislativo que con los votos del Apra y el fujimorismo se han archivado varias denuncias constitucionales, principalmente por el delito de organización criminal, con lo cual recortaron la labor del Ministerio Público”, explicó Pacori.
Por ello, el parlamentario de Nuevo Perú dijo esperar que en esta nueva legislatura se analice con prioridad la denuncia constitucional que en agosto del año pasado presentó el fiscal supremo Pablo Sánchez contra el exjuez César Hinostroza por la presunta comisión de delito de organización criminal.
Sostuvo que, en julio pasado, el entonces presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), indicó que Sánchez no era el indicado para presentar la denuncia sino el titular del Ministerio Público.
Sin embargo, afirmó, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señaló que Sánchez estaba plenamente legitimado para formular la acusación.
“La fiscal Zoraida Ávalos ha dicho que a Sánchez sí le correspondía presentar la denuncia que en esto caso también alcanza a los miembros de ex Consejo Nacional de la Magistratura vinculados a los Cuellos Blancos”, manifestó.
Pacori subrayó que, con la instalación del grupo de trabajo de Acusaciones Constitucionales, presidido por Mario Mantilla (Fuerza Popular), se puede revisar la denuncia de Sánchez y otras nuevas que se presenten contra magistrados cuestionados.
El parlamentario se pronunció de esta manera a la información de El Comercio que daba cuenta que 13 magistrados, cinco de ellos tienen el rango de supremos, permanecen en el sistema de justicia porque hasta la fecha no se instala la Junta Nacional de Justicia.
Foto Andina