Tras acogerse a un proceso de terminación anticipada y aceptar pagar S/.300 mil por reparación civil a favor del joven a quien atropello, Mateo Silva Martinot salió libre al ser condenado a 4 años de prisión suspendida por el Juzgado de Paz Letrado de Asia , Cañete.
El hijo del exministro de Comercio Exterior José Luis Silva-Martinot, atropelló a Alejandro Ballón Siles, el 14 de marzo de este año, en el bulevar de Asia, con quien acordó el pago de la primera armada de cien mil soles y cuotas quincenales de 50 mil por la reparación civil.
Horas antes, la defensa de Ballón Siles señaló que aceptaron llegar a un acuerdo con la familia del hijo del exministro porque “los papás de mi patrocinado han querido poner término a esto también. No es un espíritu de revancha, simplemente de que se cumpla la ley”.
La pena impuesta fue producto de un acuerdo aprobado, sin oposición alguna, entre el agraviado Alejandro Ballón Siles, el encausado Mateo Silva-Martinot, el representante del Ministerio Público y el procurador del Ministerio del Interior, quienes se constituyeron en partes procesales en este caso.
Como parte del acuerdo, también se le impone a Silva-Martinot el pago de una reparación civil de S/.13 mil a favor del Ministerio del Interior y la inhabilitación para conducir un vehículo motorizado por cuatro años.
Silva-Martinot admitió su responsabilidad en los delitos de lesiones culposas graves, omisión de socorro a personas en peligro, y desobediencia y resistencia a la autoridad, que le atribuyó el Ministerio Público.
Asimismo, manifestó su arrepentimiento por el atropello contra Ballón Siles, y pidió perdón a la víctima y su familia por el daño causado.
El proceso de terminación anticipada es una figura penal establecida en el nuevo Código Procesal Penal, que tiene por propósito concluir una causa penal de manera célere, observando determinadas reglas.
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En este caso, el juez no participa en las tratativas que realizan los sujetos procesales para la imposición de la pena ni el pago de reparación civil. Su participación consiste en verificar que lo acordado por las partes esté encuadrado en la ley antes de emitir la sentencia aprobatoria.(ECHA)