El Ministerio de Justicia presentará una iniciativa que elevar las penas para el sicariato y sancionar el uso político de información pública, en el marco de las facultades que el Poder Ejecutivo pedirá al Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana, anunció el titular del sector, Gustavo Adrianzén.
Precisó que, en el caso de sicariato, la idea no es solo incrementar el número de años a la pena de cárcel para los autores de asesinatos a sueldo, sino también colocar diversos agravantes que hagan más dura la sanción, con el fin de tener incluso un efecto disuasivo.
“Creemos que es imprescindible que se agraven las penas para el sicariato. Quisiéramos poner agravantes, tal vez un 25 por ciento o 50 por ciento más, dependiendo de las circunstancias. Esto es materia de estudio y de un debate técnico en el sector”, señaló e diálogo con la Agencia Andina.
Otra iniciativa que prepara su sector, añadió, plantea la ampliación de los plazos de detención de delincuentes en una dependencia policial, a fin de dar mayor margen a las pesquisas policiales y evitar que los detenidos sean liberados al día siguiente de su aprehensión.
“¿Acaso las 24 horas establecidas ahora son suficientes para que la Policía Nacional pueda realizar una investigación exhaustiva y acopiar todas las pruebas para presentarlas al fiscal? Son insuficientes. Esos plazos debe ser mayores”, manifestó.
Para Adrianzén, esto también ayudará a que se “ordene la justicia”, pues la institución policial podrá investigar con mayor profundidad y sustentar mejor las pruebas para denunciar un hecho delictivo, con lo cual –dijo- el fiscal también tendrá un mayor respaldo en sus decisiones.
De igual modo, refirió que los planteamientos que harán respecto al “chuponeo telefónico” apuntan a sancionar con mayor rigor las interceptaciones telefónicas e incluso su uso indebido, pues consideró que ello vulnera el derecho a la reserva y a la privacidad de las comunicaciones.
“Hay que reflexionar sobre el derecho fundamental de la libertad de nuestras comunicaciones. Tenemos que parar eso. Recordemos cuando el hoy presidente del Consejo de Ministros fue interceptado. Hoy día es a un ministro, pero mañana podrá ser a la población”, añadió.
Información pública
Asimismo, el titular de Justicia adelantó que se viene trabajando una iniciativa para establecer sanciones penales orientadas a que ningún funcionario o servidor que tenga acceso a información pública pueda hacer uso de ella con fines políticos.
“Por ejemplo, alguien con acceso a Reniec o a Registros Públicos puede sacar fichas o información patrimonial de sus opositores políticos. Eso queremos penalizarlo, básicamente, con un propósito disuasivo. Ese es el mensaje”, aseveró.
Según explicó, estos planteamientos, que nacerán de su sector, deberán ser objeto de discusión en el Consejo de Ministros, al igual que las iniciativas que formulen los diferentes sectores, quienes –reveló- han recibido instrucciones para ir elaborando sus propuestas de iniciativas legislativas.
Al interior del Consejo de Ministros también se definirá el plazo en el que se podrá hacer uso de las facultades legislativas a ser solicitadas, el cual podría estar entre los 120 y 180 días. “Sería un plazo razonable para legislar”, estimó.
En ese sentido, el funcionario dijo esperar que el Congreso acepte conceder dichas facultades al Ejecutivo, puesto que se necesitan medidas imprescindibles para fortalecer las políticas orientadas a combatir la delincuencia y el crimen, y mejorar la seguridad ciudadana.
“Esperamos -y confío en que así sea- que los congresistas, luego de escuchar la fundamentación que realizará el Premier Cateriano, nos otorguen estas facultades delegadas, que no significan tampoco que el Ejecutivo podrá hacer lo que le dé la gana”, recalcó.
Adrianzén remarcó que los decretos legislativos que, al amparo de estas facultades sean emitidos por el Poder Ejecutivo, siempre podrán ser revisados por el Parlamento e incluso dejados sin efecto, ante cualquier vulneración a la normatividad vigente que se pueda detectar.
“La invocación es que se tenga calma. Este es un mecanismo ordinario de gestión. No es la primera vez que se otorgan facultades, ya se han otorgado muchas veces y, en el momento actual, se hacen imprescindibles”, puntualizó. (Andina)