El Ministerio de Justicia presentó hoy cuatro oficios con los que busca demostrar que la funcionaria Julia Príncipe conocía el procedimiento, dictado por el DL 1068, mediante el cual se regula las declaraciones de procuradores sobre los procesos a su cargo.
En dos de los documentos a los que se dio lectura, la procuradora solicita autorización para declarar acerca de los avances de su labor contra el lavado de activos.
Así, el viceministro de Justicia, Alfonso Garcés, respondió a las declaraciones de Príncipe, quien señaló ayer que solo había solicitado autorización para declarar en oportunidades en las que debió defender su honor, por el caso Rodolfo Orellana.
Garcés respaldó el señalamiento de Pedro Cateriano de que la procuradora “no ha sido sincera con el país”.
El alto funcionario también señaló que la actual gestión del MINJUS solo cumple con acatar y hacer acatar las normas y, en específico, una que fue creada por un gobierno anterior.
“(La norma) nace del gobierno pasado; no hemos generado la norma, no la hemos impulsado. Nuestro rol como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es cumplir la normatividad vigente y dar el ejemplo con ello, de que todos los funcionarios públicos deben cumplir con el ordenamiento jurídico”.
La disposición tiene por objetivo evitar que se revelen las estrategias de defensa del Estado ni se vulnere la reserva a la que están obligados los procuradores, explicó.
Finalmente, Garcés expresó que la gestión del “sector Justicia y Derechos Humanos encabezada por Gustavo Adrianzén, ni las anteriores, ha ejercido algún acto de ‘mordaza’ o de presión sobre algún procurador público”.