Misioneras denuncian que sacerdotes intentan adueñarse de colegio y terreno de niños pobres en SJL

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La “Asociación Benéfico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral ABC PRODEIN”, que dirige en Lima la misionera Juana Cecilia Cabrera Torreblanca, formula un llamado al cardenal Juan Luis Cipriani para que impida que un grupo de sacerdotes españoles de la Congregación “Unión Sacerdotal Lumen Dei” las despojen de sus propiedades de manera ilegal.

Los curas pretenden arrebatarles un colegio con cerca de 600 alumnos y de un terreno destinado para la recreación de niños pobres en San Juan de Lurigancho, que no son de su propiedad.

El principal denunciado es el reverendo padre Carlos Rodríguez Mayorga de nacionalidad española, miembro de la Asociación, quien junto con otros sacerdotes son señalados por azuzar a cientos de pobladores de la zona para que tomen por asalto el colegio “Nuestra Señora del Encuentro”, propiedad de la ONG, así como un terreno colindante de más de 500 metros cuadrados, sin importarles el peligro para los alumnos ni el escándalo para la población.

En este sentido la Primera Fiscalía de Prevención del Delito del Distrito Judicial de Lima, tras las investigaciones realizadas a mérito de la denuncia N° 1908-2015, interpuesta por Cabrera Torreblanca, cuya institución educativa funciona en el Centro Educativo Particular “Nuestra Sra. del Encuentro” de educación inicial, primaria y secundaria, ubicado en la Av. Héroes del Cenepa, Manzana E-2, Lote 7, AAHH Santa María –SJL, señaló lo siguiente:

Que el MP en defensa de la legalidad y cautelando los intereses públicos tutelados por derecho investigan e intervienen para evitar la comisión del delito de usurpación agravada que podría llevar hasta por seis años a la cárcel al párroco Rodríguez Mayorga, además sacerdotes complicados y sus cómplices que son varios moradores de la zona que resulten responsables.

El jurista Andrés Fernández Dávila Alvarez, abogado de la parte agraviada demandó que el Obispo de la Diócesis de Chosica, Norberto Strotmann, fue informado oportunamente mediante cartas notariales sobre el reprochable proceder muy cercano al de las personas que viven al margen de la ley cometido por el sacerdote español Rodríguez Mayorga, de la Congregación Unión Sacerdotal Lumen Dei, en agravio de las misioneras que de modo gratuito colaboran con la ONG ABC PRODEIN al servicio de las periferias, pero que sin embargo mantiene silencio cómplice, mientras que en otros momentos trató de encubrir y negar la responsabilidad del referido religioso español en los hechos en cuestión.

“Confiamos en la intervención del cardenal Cipriani para que como Primado de la Iglesia Católica interponga sus buenos oficios y llame al orden al sacerdote Rodríguez Mayorga, y a los demás miembros de la Orden “Unión Sacerdotal Lumen Dei” que en el Perú pretenden adueñarse de terrenos, locales, y propiedades que tienen dueño. Esta corriente o crisis se inició en España tras la muerte del fundador de la Asociación, el sacerdote asturiano Rodrigo Molina, a los 81 años, y se intentó solucionar con el nombramiento de un Comisario Pontificio; quien, según lo confirman los más de 23 pleitos judiciales incoados en los tribunales españoles, el Comisario y sus colaboradores allegados, se vienen apoderando, presuntamente de forma ilegal de una serie de propiedades por más de 12.500.000 de euros, y ahora esta corriente ha llegado a nuestro país. Juana Cabrera se lamenta de que las principales propiedades de España, bienes privados obtenidos con la ayuda de benefactores y donantes, que no son propiedad de la Iglesia católica ni de la congregación, hayan sido vendidas a un fondo de inversores suizos con fines hoteleros, a precios muy por debajo del mercado; sin respetar la propiedad, ni los fines de los donantes ni los derechos de terceros. Estamos confiados en que el Sr. Cardenal hará respetar el derecho a la propiedad de la ONG para que los sacerdotes denunciados no cometan el delito de usurpación que los podría llevar a la cárcel. La misma pena de seis años podría sufrir el Obispo de Chosica, por su silencio cómplice en este caso”, demandó el abogado Fernández Dávila.