El exprocurador anticorrupción César Azabache consideró ‘desproporcionada’ la reacción de la Fiscalía en relación a la caja fuerte de Rocío Calderón, como parte de las diligencias en torno a la investigación a Nadine Heredia.
“Me ha llamado la atención la reacción de la Fiscalía en relación a la caja fuerte, pero por una razón y es que no era necesario hacer la incautación antes de saber qué había adentro”, señaló a Ideeleradio.
Remarcó que había otras opciones que debió considerar la Fiscalía, a fin de no contribuir al clima de desproporción. En este sentido, explicó que el procedimiento estándar es solicitar el registro, fotos de los billetes y llevar a cabo el cierre de la caja. A partir de allí, se pedirá explicaciones al titular de la caja de seguridad sobre el origen de los bienes que hay en el interior.
“Yo me habría sentido mucho más cómodo viendo una fiscalía que ordena el descerraje de la caja, la exhibición del contenido lo registra y solicita una autorización condicional de incautación solo a resultas de lo que encuentra”, puntualizó César Azabache.
César Azabache agregó que ahora por la decisión de incautar el contenido de la caja fuerte, el Ministerio Público queda en un dilema un tanto incomodo al tener que devolver el dinero incautado si la titular de la caja brinda explicaciones válidas sobre el origen del dinero y las razones de su tenencia.
TARJETA ADICIONAL
El exprocurador anticorrupción César Azabache sostuvo, además, que el hecho de que la primera dama, Nadine Heredia, utilizara una tarjeta adicional de una amiga no constituye un delito.
“Tener una tarjeta de crédito de una amiga no es una buena práctica, y no veo que haya en principio un delito”, expresó en declaraciones a Ideeleradio.
Recomendó, empero, a Nadine Heredia tener una tarjeta de crédito a su nombre donde realice sus gastos, pues lo requiere en su calidad de Primera Dama y lideresa del gobernante Partido Nacionalista.
Lamentó que las autoridades, la Fiscalía y la Policía, no tengan protocolos claros para diferenciar la ‘paja del trigo’, entonces, “si yo acuso a alguien por lavado de activos va a estar por tres años con auditorias policiales, investigaciones, quejas, peritajes”.
“El sistema se muestra flexible, no quiere hacer las diferencias, y cuando uno empieza a rascar qué es lo que tiene cada caso, bueno, no encuentra generalmente nada (…) Falta un filtro para hacer una diferencia de los casos”, expresó.