WASHINGTON.– Con inusual despliegue mediático, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, vetó este jueves el presupuesto de Defensa para 2016 que incluía un aumento de fondos y bloqueaba el cierre de la prisión de Guantánamo.
El mandatario eligió rodearse de cámaras y periodistas para firmar en su escritorio el veto que devuelve al Congreso la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) por no cumplir con las demandas de la Casa Blanca y pese a superar con mayoría las votaciones de la Cámara de Representantes y el Senado.
“Mi mensaje es muy sencillo: tenemos que hacer esto bien”, aseguró Obama en la mediática ceremonia, con la que suscribió| su tercer veto del año y el quinto de su presidencia.
La Casa Blanca se opone a este presupuesto porque incluye un aumento del gasto para Defensa mientras prosiguen los recortes en otras áreas.
Esos recortes se adoptaron como una solución temporal en 2013 por la incapacidad de demócratas y republicanos para ponerse de acuerdo en una política fiscal a largo plazo.
El presupuesto -que obtuvo a favor 270 de los 435 votos de la Cámara, y 70 de los 100 del Senado- recurre a fondos reservados para conflictos en el extranjero a fin de aumentar el gasto en defensa a los 612,000 millones de dólares.
Además, bloquea el cierre de la prisión de la Base Naval de Guantánamo, que la Casa Blanca quiere vaciar de reclusos acelerando las transferencias autorizadas y explorando el traslado de otros reos a territorio estadounidense.
Otros puntos se oponen a los planes del Pentágono para cerrar bases militares alrededor del mundo, así como a los polémicos proyectos de Defensa para explorar el uso de combustibles alternativos.
“El presidente considera que los hombres y mujeres que sirven en las Fuerza Armadas se merecen un presupuesto responsable y adecuado, no una solución a medias que no es sostenible”, indicó hoy en rueda de prensa el viceportavoz de la Casa Blanca, Eric Schultz.
Ahora, el Congreso puede someter la ley de nuevo a votación para intentar obtener una mayoría de dos tercios que invalide el poder ejecutivo del presidente, algo que la Casa Blanca cree que no sucederá. (ECHA- Agencias)