El expresidente Ollanta Humala no invocará la prerrogativa del antejuicio en la denuncia por presuntas irregularidades en los aportes al Partido Nacionalista el 2006 y 2011, abierta hace dos semanas en su contra, explicó hoy miércoles su abogado, Julio César Espinoza.
Ollanta Humala fue denunciado por el ciudadano Carlos Huerta por los presuntos aportes a su partido de allegados al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de mineros ilegales en las campañas electorales del 2006 y 2011.
Por estos mismos hechos es investigada actualmente la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia, y varios integrantes de su familia; al igual que allegados, por el presunto delito de lavado de activos.
La defensa del exmandatario acudió hoy miércoles a una audiencia con el fiscal Germán Juárez, a cargo de la denuncia, para pedir que disponga “la realización de diligencias preliminares, antes de resolver el fondo de esta acusación”.
Espinoza dijo que el fiscal debería archivar la denuncia “por carencia de sustento”, dado que se basa solo en informes periodísticos sobre presuntos fondos irregulares el 2014, y agregó que la fiscalía “no puede comprender a Ollanta Humala como procesado sin antes haberle dado la oportunidad que han tenido todos los demás investigados de defenderse” en fase preliminar.
Aclaró que Ollanta Humala y su defensa no consideran, ni invocan, la prerrogativa del antejuicio para esta discusión, porque la Fiscalía de la Nación precisó que los hechos denunciados no son actos propios del ejercicio de su función. “No está alegando el antejuicio, sino que el Ministerio Público cumpla con el debido proceso y el respeto al derecho a la defensa”.
El ex jefe del Estado concluyó su gobierno (2011-2016) el pasado 28 de julio y asumió nuevamente la presidencia del Partido Nacionalista, un cargo que ocupó su esposa, Nadine Heredia, durante la gestión de Ollanta Humala en el Ejecutivo.
Asimismo, el exmandatario ha sido citado para el próximo 9 de noviembre a responder ante la Fiscalía por otra denuncia relacionada con la concesión del gasoducto del sur, que fue entregada el 2014 a las empresas Odebrecht de Brasil y Enagás de España.
EFE/ Foto internet-medios