GINEBRA.- Colombia debe asegurarse de que todas las personas desmovilizadas se reintegren social y económicamente y que puedan alcanzar un nivel de vida digno, afirmó hoy el Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esta es una de las conclusiones del Comité, publicadas hoy, después de que el 19 y el 20 de septiembre pasado Colombia se sometiera al escrutinio de ese organismo, que evaluó el cumplimiento que el país hace de la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias, basadas en un enfoque de derechos humanos, para la debida reincorporación social y económica de las personas desmovilizadas, a fin de garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular su derecho a un nivel de vida adecuado”, reza el texto.
También le aconseja asegurar que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, donde permanecen los exguerrilleros, “garanticen el acceso a proyectos productivos que conlleven, entre otros aspectos, la debida formación técnica y la participación activa de las personas y comunidades concernidas”.
Recomienda a Colombia que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva implementación de los puntos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
En concreto, insta a garantizar el “efectivo funcionamiento de los mecanismos previstos para supervisar su implementación, en particular de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”.
En este proceso de aplicación es esencial, según los expertos, que participe la sociedad de forma “activa, abierta y transparente” y, en particular, los grupos más afectados y las víctimas del conflicto.
Al respecto, el informe se refiere tanto a los desplazados internos por el conflicto y a los refugiados retornados como a la población involucrada en cultivos ilícitos.
Sobre los primeros, el texto destaca que, “pese a los esfuerzos realizados por el Estado parte”, los refugiados retornados y los desplazados afrontan muchas dificultades para integrarse.
Por ello, el Comité insta a Bogotá a hacer lo necesario para garantizar que retornados y desplazados tengan “acceso a una vivienda adecuada, a proyectos productivos y a servicios básicos como agua, saneamiento, salud, educación, asistencia social y créditos”.
Sobre la población involucrada en cultivos ilícitos, los expertos aconsejan al Estado ofrecer proyectos productivos alternativos que aseguren un nivel de vida adecuado para los campesinos concernidos y sus familias.
EFE/Foto: semana.com