LA PAZ.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este miércoles al gobierno interino de Bolivia a modificar un decreto muy cuestionado que advierte de consecuencias penales por informaciones contrarias a la cuarentena en el país.
La misión en Bolivia de esta oficina de la ONU advirtió de que “la respuesta penal al ejercicio de la libertad de expresión, como medio para combatir la desinformación en el marco de la pandemia de COVID-19, resulta excesiva”.
Por ello, el decreto presidencial “debe ser modificado para no criminalizar la libertad de expresión y hacerlo plenamente compatible con las obligaciones internacionales del Estado”, consideró en una serie de mensajes en Twitter.
La oficina recuerda pronunciamientos en esa línea de la Relatoría de la ONU sobre Libertad de Expresión y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El cuestionamiento de esta entidad se su suma a otros desde entidades como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones como Human Rights Watch, asociaciones de la prensa de Bolivia y expresidentes bolivianos como Evo Morales, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, entre otras voces críticas.
El gobierno interino reitera que el decreto emitido por la presidenta transitoria no conlleva una persecución a los medios y se atiene a las normas del país, como la propia Constitución, y a tratados internacionales sobre libertad de información, sino que solo busca que no se genere tensión en el país en ámbitos como las redes sociales en medio del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19.
La norma publicada el 10 de mayo, en el Día del Periodista boliviano, es una modificación a un artículo del decreto de cuarentena de marzo pasado y establece medidas penales contra quienes “inciten al incumplimiento” o difundan información de “cualquier índole” contraria a la norma de la presidenta interina, incluso mediante expresiones artísticas.
A principios de abril el decreto de la cuarentena en Bolivia ya había sido cuestionado incluso fuera del país, por organizaciones como Amnistía Internacional, al considerar que amenazaba la libertad de expresión, pero la Procuraduría boliviana estableció que la norma era “plenamente compatible” con las leyes del Estado Constitucional de Derecho. EFE