PANAMÁ.- Los caricaturistas de medios panameños rechazaron hoy unánimemente el proyecto de ley, presentado por un diputado oficialista, que pretende regular el ejercicio del periodismo en Panamá, porque “viola derechos fundamentales sobre libertad de pensamiento y de expresión”.
El proyecto “pretende ignorar el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el 13 de noviembre de 1985 estableció, por unanimidad, ‘que la colegiación obligatoria de periodistas (…) es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre DDHH”, indicaron los dibujantes en un comunicado.
Una viñeta publicada en los medios impresos y sus ediciones electrónicas, firmada por los nueve caricaturistas panameños, los presenta con un personaje que, con un lápiz en la diestra y una tijera en la siniestra, corta los hilos de un titiritero en cuya manga escriben CTAP, en alusión a la Comisión de Técnica Académica de Periodismo propuesta en el proyecto por el diputado Juan Moya.
Moya, diputado suplente del ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, del Partido Panameñista, argumenta que el proyecto pretende “dignificar” al periodista panameño.
Los caricaturistas señalaron en el comunicado adjunto a la viñeta que el proyecto los “clasifica erróneamente como reporteros gráficos, cuando en la teoría periodística contemporánea nuestro trabajo se define como una opinión editorial que denuncia, por medio del humor y el sarcasmo, situaciones que afectan los más variados aspectos de la vida nacional”.
“Nos oponemos”, señalaron, porque el proyecto legislativo condiciona el ejercicio de la profesión a todos aquellos caricaturistas que no cuenten con un título en periodismo o comunicación social, a la realización de un diplomado del cual dependerá su respectiva acreditación ante la CTAP.
El proyecto, auspiciado por directivos del Colegio de Periodistas y del Sindicato de Periodistas de Panamá, pretende reivindicaciones salariales, recibir fondos públicos de un impuesto, prohibir a los extranjeros ejercer el periodismo más de dos años, castigar hasta con 5 años de cárcel el ejercicio ilegal y abrogarse junto con el Gobierno la autorización de quién puede hacer periodismo.
El Gobierno se ha distanciado de la propuesta del diputado Moya y advertido que las reivindicaciones laborales y profesionales deben debatirse ampliamente y no implicar el retorno de medidas que sojuzgaron a los panameños en la pasada dictadura militar (1968-1989), que de ninguna manera va a apoyar.