La Asociación de Periodistas de Guatemala criticó hoy que el Estado no cumpla con su obligación de velar por los derechos de libertad de pensamiento y expresión y se centre en “acallar y abusar” de los mismos, al expresar nuevamente su rechazo a un proyecto de ley contra actos terroristas.
Su esfuerzo está enfocado en “restringir, acallar y abusar de su autoridad para establecer controles directos e indirectos, descarados o solapados, y hasta de criminalizar aquellas opiniones que no sean de su parecer o que despierten su mórbido interés particular sobre el general”, dijo el ente en un comunicado.
Es por ello que buscan levantar su voz “de protesta” para rechazar “todo intento de vulnerar el derecho de opinar”.
En este sentido, expresaron su rechazo a una iniciativa de ley contra actos terroristas que contiene disposiciones que buscan limitar la libertad de pensamiento y expresión, convirtiéndose en una auténtica “ley mordaza”, y criticó las amenazas a estos derechos.
“Exigimos que se suspenda la discusión y se retire la ley mordaza que pretende criminalizar las manifestaciones y la libertad de expresión del pensamiento por retrógrada y amenazante a los elementales derechos del ser humano”, proclamó.
El proyecto número 5239, que recibió el visto bueno de la Comisión Ordinaria de Gobernación previo a conocerse y votarse en el pleno, regula en su artículo 22 el terrorismo cibernético y los medios de comunicación.
Comete este delito quien “con fines económicos, políticos o religiosos utilice los medios de comunicación, informática, tecnologías de información, electrónica o similar con el objeto de generar infundir temor, causar alarma, intimidar a la población o compeler a un Estado o Gobierno u organismo nacional o internacional”, reza el artículo.
En el artículo se establecen penas de 10 a 20 años de cárcel, un aspecto que la asociación cree que es muestra de las “constantes amenazas y permanente peligro” a la libertad de prensa y libre emisión del pensamiento.
La Asociación concluyó lamentando que el Estado “no tome en serio su función de garantizar por todos los medios a su alcance este derecho establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos“. EFE