El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos denunció este martes que los activistas por los derechos fundamentales en Perú están expuestos a la estigmatización, la criminalización y la falta de protección del Estado para desarrollar su labor.
Al cabo de la visita de una misión a Perú, el Observatorio (OMCT) expresó que uno de los motivos de la vulneración de los activistas es “la fuerte estigmatización en contra de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos por parte de medios de comunicación, pero también por parte de autoridades y funcionarios públicos”.
“Las referencias constantes a las personas defensoras como agitadoras y a las organizaciones de derechos humanos como defensoras de terroristas crean un ambiente que facilita las agresiones en su contra”, expresó en un comunicado de prensa difundido este martes en Lima.
El Observatorio señaló que un reflejo de la difícil situación que enfrentan los activistas en Perú es que 119 defensores han sido asesinados, entre 2011 y 2018, y que más de 800 están siendo objeto de criminalización, según cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Además, indicó que una serie de modificaciones constitucionales y legales han ido cerrando garantías para toda la ciudadanía y, en particular, han generado un marco legal punitivo para la defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, se ha creado un sistema que permite presentar “denuncias preventivas” ante la Fiscalía de prevención de delitos y esta modalidad ha sido utilizada para amedrentar a los manifestantes en distintas campañas sociales y de protesta.
Igualmente, la criminalización de la defensa de los derechos humanos afecta también a periodistas, sindicalistas, defensores de víctimas del conflicto armado interno, y comunidades en defensa de la tierra y el territorio, señaló el Observatorio.
“Los líderes comunitarios, indígenas y ronderos son particularmente afectados por la criminalización mediante la aplicación de tipos penales como la extorsión y el secuestro”, apuntó.
La misión del OMCT, integrada por la guatemalteca Claudia Virginia Samayoa y el español Miguel Martín Zumalacárregui, constató la parcialidad de la fuerza pública ante grupos empresariales, como resultado de los convenios entre empresas y la Policía, así como la tendencia al uso excesivo de la fuerza para reprimir la protesta.
El Observatorio también mostró su preocupación por la alarmante inacción por parte de las autoridades peruanas para establecer garantías para la defensa de derechos humanos y avanzar en la lucha contra la impunidad por los ataques en contra de las personas defensoras.
Llamó la atención que Perú no tenga un mecanismo de protección, ni una política pública sobre personas defensoras en un contexto regional en el que numerosos Estados ya están avanzando en esta dirección.
La visita de la misión del OMCT se realizó del 4 al 9 de junio en las regiones de Lima y Cusco, una zona sensible además por los conflictos con la minería y el medio ambiente, y contó con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF).
EFE/Fotos internet/medios