Peruanas víctimas de esterilizaciones forzadas exigen justicia

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VITORIA (España).- Obdulia Guevara, miembro del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (Perú), pidió hoy apoyo para exigir “justicia y reparación” para las víctimas de las “esterilizaciones forzadas” del gobierno de Alberto Fujimori.

La indígena peruana, que visitó el Parlamento regional del País Vasco (norte), explicó junto a los colombianos Doris Rivera y Fabián Torres las vulneraciones de los derechos humanos que sufren en sus países de origen y exigieron un pronunciamiento de la Cámara regional para hacerlos visibles.

Guevara es una de los tres activistas del Programa de Protección Temporal para Defensores de los Derechos Humanos auspiciado por el Ejecutivo vasco, que llegaron el pasado julio a esa región española y que volverán a sus países en diciembre.

La peruana apeló al apoyo de las organizaciones internacionales e instituciones para exigir que el actual Gobierno del Perú cumpla con su “obligación” de reconocer la violación de los derechos reproductivos sufrida por la población indígena entre 1990 y 2000, cuando el Ejecutivo de Alberto Fujimori realizó “esterilizaciones forzadas“.

La activista, que recordó que ese plan se presentó como un programa de planificación familiar, consideró que se trató de un “crimen de lesa humanidad” porque se llevó a cabo entre mujeres del colectivo indígena, sin que hubiera “consentimiento” y que a muchas ha dejado secuelas.

En su intervención, la activista pidió al Gobierno del presidente Ollanta Humala, al que acusó de no colaborar con sus reclamaciones, que reconozca el delito de lesa humanidad contra las mujeres esterilizadas forzadas.

Igualmente pidió que se continúe investigando, se lleve a los tribunales a los responsables, se cree una comisión de la verdad, se haga un registro único de víctimas y se aborde una reparación integral e individual.

Guevara afirmó sentirse “aterrorizada” ante la posibilidad de que Keiko Fujimori, hija del expresidente, llegue al gobierno el 2016, al tiempo que señaló que ella “acompañaba a su padre” cuando se produjeron las esterilizaciones.

La Defensoría del Pueblo peruana estima que se realizaron más de 271.000 esterilizaciones como parte del programa gubernamental de planificación familiar aplicado en 19 regiones del Perú entre 1990 y 2000, de las que unas 1.500, según organizaciones civiles, fueron esterilizadas sin su consentimiento.