El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró preocupante la supuesta participación de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía en el abastecimiento de armas a bandas criminales y entrenamiento a sicarios.
Demandó, por ello, que el Estado, como garante de la seguridad ciudadana, informe sobre los mecanismos de prevención y control para evitar estos casos.
Aunque es un avance destacable la desarticulación de estas organizaciones delictivas, como informó el miércoles el Ministerio del Interior, que operen por largo tiempo, representa una grave afectación al deber del Estado garantizar los derechos humanos, obligación que establece la Constitución y los Tratados internacionales en la materia.
“Es importante tener en cuenta que el artículo 44° de la Constitución consagra que es deber primordial del Estado: garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, dicho esto valdría la pena analizar si se viene cumpliendo con los mecanismos de control en salvaguarda de la ciudadanía”, mencionó el defensor del Pueblo.
Agregó en lo que respecta a la venta ilegal de armas de guerra y entrenamiento a sicarios en la que habrían participado miembros de las Fuerzas Armadas y Policía de acuerdo con lo expuesto por el Ministerio del Interior, se requiere conocer los mecanismos de prevención que ha adoptado el Estado peruano para impedir que hechos como estos se produzcan.
Indicó de la misma manera que toca al Estado adoptar medidas inmediatas que garanticen que sucesos de similar naturaleza no acontezcan de nuevo.
“Se hace necesaria una reforma total de los mecanismos y protocolos de seguridad que regulan el uso y almacenamiento de las armas institucionales, en el mismo sentido corresponde fortalecer los servicios de contrainteligencia y de inspectoría”, planteó la Defensoría del Pueblo.
Foto Crónica Viva/Video Buenos Días Perú
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