La canciller Ana María Sánchez, reafirmó este martes que la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional (Ley 30339), y su protocolo, respetan de manera estricta lo dispuesto en las normas internacionales.
Resaltó que esta norma corresponde a una decisión autónoma del Perú y fue resultado del esfuerzo y trabajo concertado entre el Congreso de la República, que la aprobó de forma unánime, y el Poder Ejecutivo.
Según indicó, en el ámbito del Ejecutivo se realizó una amplia labor de coordinación técnica entre la Cancillería y los ministerios Defensa, y de Transportes y Comunicaciones.
“Hemos cubierto todos los aspectos y hemos actuado en ejercicio de nuestra soberanía. Es una decisión nacional soberana”, expresó la canciller, tras poner de relieve la voluntad del Estado peruano para enfrentar al narcotráfico, actividad que “representa una amenaza que reviste naturaleza transnacional”.
La canciller mencionó también que las normas de interceptación de aeronaves sospechosas contemplan un criterio de progresividad, desde la aplicación rigurosa de medidas y procedimientos empleados en una secuencia de etapas específicas.
“Solo se produce el empleo de medidas de neutralización como último recurso y, luego que –al no surtir efecto las medidas previas de identificación.
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Foto Andina