El acoso en las instituciones educativas del país afecta a un 60 por ciento de la población escolar, pese a la vigencia de la Ley 29719, de Convivencia Escolar y su reglamento, que establece mecanismos para prevenir, evitar, sancionar y erradicar el también llamado ‘bullying’ en los centros educativos.
El problema fue analizado en detalle durante el diálogo intergeneracional ‘Por una escuela libre de violencia’, organizado por la Alianza Nacional de Líderes de Transformación (ANALIT), con los auspicios del congresista José Urquizo Maggia (NGP), que se desarrolló el viernes 19 en el hemiciclo ‘Raúl Porras Barrenechea’ del Palacio Legislativo.
En la cita, Aurora Muguruza Minaya, directora del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), informó que solo en el año 2015 fueron registrados, denunciados o conocidos 16,646 casos de acoso escolar, pero se desconocen los casos no denunciados por los afectados.
Igualmente, el encargado de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega, reveló que entre septiembre del 2013 y julio del 2015, su institución registró 3,244 casos de violencia escolar, de los cuales un 60 % fueron cometidos por escolares, y un 40 % por adultos (docentes o personal administrativo), “lo que resulta muy preocupante”.
Propuestas
El problema se agrava porque, de un total de 1,711 instituciones educativas y 633 escuelas rurales multigrados supervisados por la Defensoría, se detectó que en un 31 % de todos ellos no existía libro de registro de incidencias, se carecía de plan de trabajo para garantizar la convivencia escolar, y los existentes se habían elaborado sin la participación de los propios escolares.
“La voz de los niños es muy valiosa y no puede ser ignorada. No se puede legislar a favor de ellos, si ellos mismos no participan”, comentó el defensor del Pueblo.
Ante esas realidades, el congresista Urquizo Maggia expresó su preocupación por el poco avance logrado por la ‘ley antibullying’, aprobada hace cinco años, y opinó que se hacía necesario incluir en el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia modificaciones al Código Penal, para sancionar todo tipo de hostigamiento y a quienes omitan sus responsabilidades para prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo.
Al respecto, recordó que la Ley 29719 dispone la creación de Consejos Educativos Institucionales (CONEI) en cada centro educativo, y establece las obligaciones del Ministerio de Educación, docentes, directores, padres y apoderados, así de como las entidades del Estado, caso de la Defensoría del Pueblo y del Indecopi.
De igual forma, debía ser modificada la ley que dispone sancionar el maltrato físico y humillante contra los niños y adolescentes, ya que esa norma, aprobada recientemente, solo propone recomendaciones y medidas correctivas, que no siempre cumplen su objetivo.
En el evento, el congresista Yonhy Lescano (AP-FA) lamentó que las instituciones educativas no puedan contar con un psicólogo para tratar estos casos, dado su alto número.
Al respecto, el defensor del Pueblo informó que existen 82,354 escuelas públicas en todo el país, y sugirió comprometer a los gobiernos regionales a que constituyen grupos itinerantes de psicólogos que visiten los centros educativos.
El ‘diálogo intergeneracional’ permitió dar a conocer las propuestas de jóvenes representantes de las seis regiones que forman parte de la ANALIT (Áncash, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, La Libertad y Lima). Las conclusiones fueron dadas a conocer por los adolescentes Maykon Quispe Quintos y Jianella Marcos Cántaro, coordinadores nacionales de Analit en Huancavelica y Áncash, respectivamente.
Las propuestas fueron analizadas y discutidas en el IV Congreso Nacional de ANALIT promovido por World Visión Perú (EVP), que se realizó en Puente Piedra del 14 al 18 de febrero, con representantes del MINEDU, MIMP, DP, del Congreso de la República y de la sociedad civil, además de los niños y adolescentes.
En el documento se plantea monitorear el funcionamiento del CONEI, proponer a los gobiernos regionales asignar recursos para la contratación de psicólogos en las instituciones educativas públicas; promover visitas inopinadas de inspección para verificar la existencia de cualquier tipo de acoso físico o psicológico y garantizar la participación de las organizaciones estudiantiles en la planificación, implementación, ejecución y evaluación del plan de convivencia democrática, entre otras propuestas.