Siete medidas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana, y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, propone el Poder Ejecutivo al Congreso mediante un proyecto de ley por el cual solicita la delegación de facultades en esta materia.
La iniciativa legislativa, que abarca un periodo de vigencia de 120 días calendario, la suscriben el presidente Ollanta Humala, y el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano.
Estas son las siete medidas:
1. El Gobierno considera fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para enfrentar el sicariato, extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera.
2. Se contempla una mayor supervisión, gestión y control migratorio; fortalecer el control del tránsito y del transporte; así como, de los servicios aduaneros, puertos y aeropuertos.
3. Fortalecer los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de video vigilancia y radio comunicación.
4. Potenciar la capacidad operativa, organización, el servicio policial y el régimen disciplinario de la Policía Nacional.
5. Promover y fortalecer el sistema penitenciario nacional en infraestructura, salubridad, seguridad, ejecución penal, concesiones, vigilancia y control; mejorar el marco regulatorio de la delincuencia juvenil.
6. Se buscará optimizar el sistema nacional de los registros públicos, a fin de garantizar la seguridad jurídica, previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros.
7. Fortalecer el sistema de defensa jurídica con especial énfasis en el aseguramiento del pago de las reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado.
Con la aprobación de las facultades solicitadas en el proyecto, detalla el Ejecutivo, se obtendrá como beneficio directo la reducción de la inseguridad, violencia, delincuencia y el crimen organizado.
A su vez, indica, se reforzará la operatividad policial con mecanismos de coordinación estrecha entre las entidades involucradas con el fin de implementar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
Las actividades previstas en el proyecto se financiarán con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas.
El proyecto plantea modificar diversos cuerpos normativos como el Código Penal, Código Procesal Penal, entre otros, así como la propuesta integral de normas que permitirán a concentrar esfuerzos de los sectores involucrados.
Foto Andina
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