El proyecto de ley del Ejecutivo peruano que modifica la “ley antiodebrecht” busca lanzar un salvavidas a la inversión privada, golpeada por las denuncias de corrupción, al permitir reactivar grandes proyectos de infraestructura y el pago a los proveedores, según comentaron hoy a Efe analistas económicos.
La iniciativa, denominada “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía”, plantea reemplazar al decreto de urgencia 003, la norma que el Ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski lanzó hace un año para atajar el escándalo de corrupción de la constructora brasileña.
El proyecto permitiría “retomar la operación de estos proyectos grandes, absurdamente parados, con lo cual estaríamos apuntando a dinamizar la economía, que está creciendo muy lento”, explicó a Efe el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, César Peñaranda.
La ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, estimó en enero pasado que la inversión privada registró un alza de 0,5 % en 2017, rompiendo una racha negativa de tres años consecutivos, pero el escándalo Lava Jato paralizó unos 15.000 millones de soles (4.600 millones de dólares) en obras de infraestructura.
Al respecto, Peñaranda invocó al Congreso a aprobar el proyecto porque, según dijo, “con esto se corrige problemas que han afectado no solamente a empresas que han estado involucradas en actos de corrupción, sino a empresas pequeñas y medianas que han estado vinculadas a estas constructoras”.
Agregó que estas empresas “se han visto severamente afectadas” por esta medida e incluso algunas “han quebrado por deudas”.
Según el legislador opositor Miguel Torres, más de 150 empresas, que eran proveedoras de Odebrecht o sus consorciadas, han quebrado a raíz del decreto 003 que, según dijo, no aseguró la cadena de pagos y, por consiguiente, que se mantengan los puestos de trabajo.
El gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, comentó a Efe que el decreto 003 no cumplió bien con la retención para cobrar las reparaciones civiles, porque solo recolectó 25 millones de soles (7 millones de dólares) que “en la perspectiva de las dimensiones de los proyectos es casi nada”.
En opinión de Macera, “que no se interrumpa la cadena de pagos, es sumamente sensible para la economía nacional”, porque puede representar hasta un punto porcentual del PBI en 2018.
“El riesgo inmediato es de no menos de 10.000 millones de soles (3.000 millones de dólares) este año”, estimó Macera sobre el monto de inversiones en construcción e infraestructura que se esperan.
En tal sentido, Peñaranda destacó que la nueva iniciativa busque evitar “la ruptura de la cadena de pagos que se ha generado” y señaló que al congelarse los recursos de las empresas “no se podía honrar las deudas que tenían” con proveedoras de bienes y servicios.
Sin embargo, la premura del tiempo para aprobar el proyecto, ya que el decreto 003 caduca el martes, ha llevado al legislador Torres a quejarse de que, de no hacerlo, se “dejaría la puerta abierta” a las empresas investigadas, incluida Odebrecht, para que retiren su dinero y, eventualmente, puedan irse del país, lo que “pondría en peligro el resarcimiento del Estado peruano”.
Peñaranda resaltó, por su parte, que el primer objetivo del nuevo proyecto es “cautelar el interés del Estado”, para poder cobrar o recuperar parte de lo que se ha visto perjudicado, al generar un fideicomiso, a donde irían “parte de los recursos que reciben las empresas de las utilidades e inclusive de su venta de activos”.
El economista opinó que es probable que, de esa manera, algunas de las empresas involucradas “tomen iniciativas de acogerse, porque queda claro de que se va a poder cautelar el interés del Estado, permitirles seguir operando, por lo tanto, mantener a sus trabajadores, y honrar las deudas que tienen”.
Tanto Peñaranda como Macera coincidieron en que la Procuraduría anticorrupción y la Fiscalía deben hacer un cálculo objetivo de la reparación civil que no desaliente la colaboración eficaz de los involucrados en los actos de corrupción. EFE
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