El abogado de las víctimas de esterilizaciones forzadas, Carlos Rivera, saludó la norma que declara de interés nacional la atención a quienes fueron sometidas a este tipo de prácticas cometidas en el gobierno de Alberto Fujimori.
Resaltó también la creación del registro que permitirá conocer la cantidad de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas.
“Es sumamente importante la norma que crea el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, por vez primera sabremos, ojalá pronto, cuántas mujeres resultaron siendo víctimas de un daño de esta naturaleza”, manifestó Carlos Rivera.
Dijo que se desconoce a cuántas mujeres se sometió a esterilizaciones forzadas, violando sus derechos fundamentales. De acuerdo con estimaciones preliminares “muy especulativas” estarían entre las 200 mil y 300.
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“Eso nos coloca en una dimensión del problema bastante mayúscula, estamos hablando de un número sumamente considerable, y son casos que se han presentado no solo en un solo lugar, sino en muchos departamentos del país”, precisó Carlos Rivera.
El Gobierno público el jueves el Decreto Supremo 006-2015-JUS, que fija el marco jurídico para brindar asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas del denominado programa Anticoncepción Voluntaria Quirúrgica (AVQ).
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“El decreto lo que plantea es un camino, si no de solución, por lo menos de alivio a diversos problemas que se pueden identificar en el ámbito legal, psicológico y salud”, añadió Carlos Rivera.
Consideró que aunque la medida se debió tomar antes, la destaca, pues expresa “una voluntad y decisión política de parte del Estado” de ayudar en la solución de un problema complejo que involucra a decenas de miles de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas.
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Carlos Rivera agregó que aun cuando la norma no dispone el pago de una indemnización legal a cada una de las víctimas, la atención psicológica y médica ya representa de por sí, una reparación a las afectadas.
“Probablemente el siguiente paso sea ese, el establecer una reparación de carácter económico, en realidad no lo sé, algunas instituciones han estado reclamando eso”, precisó.
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Para Carlos Rivera, se deben agilizar los procesos contra los denunciados por la comisión de este delito, en una investigación que ya supera los 10 años, por cuanto podrían interponer una acción de hábeas corpus o de amparo.
Foto Efe-Video 24 Horas PTV