BRASILIA.- La mandataria brasileña, Dilma Rousseff , se reunió este sábado con sus asesores para analizar las medidas sociales que anunciaría en el Día de los Trabajadores para reconquistar el apoyo de la izquierda, mientras lucha contra la destitución que impulsa la oposición.
Los analistas consideran que en las últimas semanas la presidenta le ha hecho varios guiños a los movimientos sociales y sindicatos con el fin de recuperar su respaldo, el cual se había debilitado en medio de una serie de propuestas de ajuste fiscal lanzadas por la mandataria en el último año.
En momentos que Rousseff busca su reaproximación con las bases, su vicepresidente y ahora adversario político, Michel Temer, hilvana a contrarreloj las piezas de su eventual Gobierno y distribuye cargos entre bastidores, algunos de los cuales ya se dan por sentenciados, como el del expresidente del Banco Central, Henrique Meirelles, como ministro de Hacienda.
El vicepresidente, de 75 años, también tantea la presencia en su eventual Ejecutivo de algunos exministros de Rousseff, como Eliseu Padilha o Wellington Moreira Franco.
Temer trabaja para definir las líneas maestras de su posible programa gubernamental, que, según un documento obtenido por el diario O Globo titulado la “Travesía social”, prevé la privatización o concesión “de todo lo que sea posible”.
Sin embargo Temer deberá enfrentar la oposición de los movimientos sociales, que ya han expresado abiertamente su rechazo a una eventual gestión del vicepresidente y han advertido que “resistirán” en las calles.
Los sindicatos y sectores de izquierda han comenzado a organizarse para el Día de los Trabajadores, una fecha que esperan convertir en un palco contra el “golpe de Estado”, como la izquierda y el propio Gobierno han calificado el juicio político que amenaza con destituir a Rousseff.
La marcha en Sao Paulo, inicialmente, estará encabezada por Rousseff y su aliado político, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en las últimas semanas se ha movilizado para defender a su muñeca política ante la amenaza de su destitución.
La oposición señala que la presidenta cometió un “crimen de responsabilidades” al realizar unas maniobras fiscales para maquillar las cuentas de 2014 y 2015, al modificar los presupuestos a través de decretos y acumular deudas y contratado créditos con la banca pública, lo que está prohibido por la legislación vigente.
El Gobierno ha admitido que realizó estas operaciones contables, pero insiste en que no suponen un “delito de responsabilidades” y por tanto no sirven de argumento para iniciar un juicio legislativo en su contra.
El caso está ahora en manos de una comisión del Senado, que elaborará un informe que será votado el próximo 6 de mayo y que será analizado después en el pleno, que alrededor del 10 de mayo se pronunciará sobre el asunto.
En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado por Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si la presidenta es finalmente destituida. (ECHA- Agencias)