Se cumplen 30 años de la matanza de los penales (VIDEOS)

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Entre el 18 y 19 de junio de 1986, los internos de Sendero Luminoso iniciaron un motín en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón, en el Callao. Simultáneamente, se realizaron motines en el penal de San Juan de Lurigancho y en el Penal de Mujeres Santa Bárbara.

Los hechos sucedieron cuando se desarrollaba en Lima una conferencia mundial de la Internacional Socialista, a la que asistían más de un centenar de dirigentes políticos del mundo, entre ellos veintidós presidentes y representantes de setenta partidos políticos, y cerca de quinientos periodistas extranjeros.

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Los amotinados denunciaron un intento de “genocidio” bajo el pretexto del traslado a una prisión de alta seguridad y régimen estricto en Canto Grande. Este “genocidio”, manifestaron, sería en venganza por el asesinato, a manos de SL, del contralmirante Carlos Ponce de León Canessa, ex jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra, el 5 de mayo de ese año.

Los internos tomaron de rehenes a miembros del personal penitenciario y de la Policía encargados de la custodia de los penales. A pesar del esfuerzo de diferentes autoridades por solucionar pacíficamente la crisis, no se pudo concretar ningún acuerdo debido a que el Gobierno les restringió el acceso.

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Por la tarde del 18 de junio, el entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó al penal, según dijo, por orden del propio Alan García. El viceministro ordenó la suspensión del diálogo con los internos, pese al reproche de las autoridades judiciales. El director de dicho establecimiento protestó ante el jefe del servicio penitenciario, pero éste le respondió tajantemente que era una orden del presidente de la República.

Según el testimonio rendido ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación por dos efectivos de la Marina que participaron en el debelamiento del motín, los terroristas que se rindieron fueron ejecutados a balazos y con armas blancas.

El presidente de la República, Alan García, declaró públicamente que se iniciarían las investigaciones, pero los casos fueron remitidos a la Justicia Militar, a sabiendas que no se investigaría adecuadamente. Así, el caso de El Frontón fue sobreseído por falta de pruebas y en el caso de Lurigancho, sólo se limitaron a sancionar a los ejecutores directos mas no a los que dieron las órdenes.