BRASILIA.- La Corte Suprema de Brasil consideró hoy inconstitucional que se traslade por la fuerza a un sospechoso para declarar ante la Policía, a menos que antes el investigado haya sido intimado y se hubiera negado a comparecer frente a las autoridades.
Esa práctica, conocida en Brasil como “conducción coercitiva“, ha sido utilizada sobre todo por la Operación Lava Jato, investigación que a partir de irregularidades en la estatal Petrobras desveló una vasta trama de corruptelas en todos los niveles del Estado y que ha llevado a prisión a decenas de empresarios y políticos.
Hace dos años, Lula fue objeto de esa práctica hasta ahora legal y fue llevado por la Policía Federal desde su casa a declarar sin un aviso previo, tras lo cual el Partido de los Trabajadores (PT) pidió al Supremo una definición sobre la constitucionalidad de esa medida.
El magistrado Gilmar Mendes (foto) se pronunció contra la “conducción coercitiva” en una decisión cautelar dictada a fines del año pasado, que hoy fue respaldada por la mayoría de los otros diez miembros de la Corte Suprema.
La decisión que declaró inconstitucional la llamada “conducción coercitiva” fue adoptada por seis votos frente a cinco, y consideró que esa práctica no se ajusta a los derechos que la Constitución garantiza a todos aquellos investigados por cualquier delito.
La única salvedad, según la mayoría de los magistrados, será a partir de ahora en aquellos casos en los que una persona sea citada a declarar y no comparezca, tras lo cual sí podrá ser buscada por la Policía y llevada por la fuerza ante las autoridades.
La sentencia esclarece, además, que la decisión no podrá “en ninguna forma” aplicarse de manera retroactiva, por lo que todas las declaraciones tomadas mediante esa práctica hasta ahora mantienen su valor legal.
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