BRASIL.- Michel Temer le entregará el poder este 1 de enero al ultraderechista Jair Bolsonaro y dejará la política con una tasa de rechazo histórico y un legado de profundas reformas, pero también con cuentas pendientes ante la Justicia brasileña.
El mandatario, de 78 años, ha anunciado que este 1 de enero, al traspasar la banda presidencial a Bolsonaro, pondrá fin a su vida pública, de la que se despide con una tasa de aprobación del 9 %, la menor de la historia reciente y pese a que casi la duplicó en las últimas semanas, en las que salió del 5 % que mantuvo como media.
La tasa de rechazo a su gestión, también histórica, roza el 80 %, en tanto que casi un 10 % la considera “regular”.
Aún así, fue durante las últimas décadas uno de los políticos más influyentes del país, mantuvo un escaño en el Parlamento desde 1994, presidió tres veces la Cámara de Diputados y lideró a lo largo de 15 años el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).
En 2010 aceptó acompañar como candidato a vicepresidente a Dilma Rousseff, con quien ganó las elecciones de ese año y las de 2014, pero en ese segundo mandato la relación con la mandataria se rompió en medio de un creciente malestar social.
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Temer formalizó su divorcio político de Rousseff en una explosiva carta que divulgó a fines de 2015, en la que dijo sentirse como un mero “accesorio” y un vicepresidente “decorativo”.
Engrosó entonces a una oposición que ya articulaba un proceso de destitución contra Rousseff por irregularidades fiscales y que consiguió mayoría en ambas cámaras para finalmente despojar de su mandato a la primera presidenta de Brasil.
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Temer la sustituyó interinamente en mayo de 2016, cuando Rousseff sufrió su primera derrota en el proceso de destitución, y de forma definitiva en agosto de ese año, cuando la mandataria perdió el cargo.
La mayoría parlamentaria formada para desalojar a Rousseff se plegó a favor de Temer, quien reveló entonces su cara reformista y su intención de “cambiar al país” así fuera a costa de su propia imagen.
Impulsó impopulares reformas que establecieron límites para el gasto público para las próximas dos décadas, alteró la legislación laboral a gusto de los empresarios e implantó un régimen que abre la puerta a una total informalización y a una consecuente precarización del trabajo.
EFE