El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Ernesto Blume, tiene una opinión favorable a la excarcelación de la lideresa opositora Keiko Fujimori, según el proyecto de resolución de hábeas corpus que entregó este lunes a sus colegas magistrados y al que accedió el diario El Comercio.
La ponencia de Blume tiene aún que ser debatida con los otros seis magistrados que integran el pleno del Tribunal a partir del próximo jueves y tomaría varias jornadas, según adelantó el mismo presidente de la sala la semana pasada.
De acuerdo con fuentes del diario El Comercio, Blume ha pedido en su proyecto de resolución que se declare “fundado” el recurso de “hábeas corpus” presentado por la hermana de Keiko, Sachi Fujimori, para poner fin a la prisión preventiva dictada contra la fundadora del partido Fuerza Popular hace un año.
En su ponencia, Blume plantea además que se sancione al juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó la prisión preventiva a Fujimori el 31 de octubre de 2018, agregó El Comercio.
Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Fujimori, mientras es investigada por presuntos aportes ilegales a su campaña de la empresa brasileña Odebrecht, pero el Tribunal Constitucional redujo su detención a 18 meses que se cumplen en abril próximo.
“El presidente del TC, Ernesto Blume, entregó esta tarde su ponencia del ‘hábeas corpus’ del caso Keiko Fujimori. La ponencia fue entregada encriptada, con clave individual y personal. Solo los magistrados miembros del pleno del TC pueden acceder a ella. Se busca evitar filtraciones”, confirmó el tribunal al diario.
Además, El Comercio reveló que la votación al interior del Tribunal estaría empatada, con tres votos a favor del “hábeas corpus”y tres en contra, y que resta conocer el voto que emitirá el magistrado Carlos Ramos.
Keiko Fujimori, detenida desde octubre del año pasado, es investigada por presunto lavado de activos a partir de las declaraciones del exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata de haber entregado un millón de dólares a su campaña del 2011.
La defensa de Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, ha perdido todos los recursos legales presentados hasta la fecha para pedir su excarcelación y solo ha logrado que se reduzca su prisión preventiva, de 36 a 18 meses, la cual vencerá en abril del 2020.
La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, sostuvo en la presentación del recurso que la resolución que impone la prisión preventiva “está basada en presunciones” del supuesto intento de fuga y obstrucción a la justicia, a partir de la declaración de un testigo protegido.
El testigo declaró a la Fiscalía que el exlegislador Rolando Reátegui buscó falsos aportantes para justificar los recursos ingresados en la campaña electoral de 2011.
Después de su declaración, el testigo protegido y otros tres colaboradores denunciaron actos de presión, lo cual, según Loza, fue utilizado para afirmar que Keiko Fujimori “como líder (del partido Fuerza Popular) habría tenido conocimiento de actos de obstrucción a la justicia”.
En tanto, el procurador del Estado, Johnny Tupayachi, declaró que “la Corte Suprema ha confirmado los elementos de convicción sobre nivel de sospecha grave de la comisión de un delito, que está en etapa de investigación sobre lavado de activos”.
Al defender la prisión preventiva dictada contra Fujimori, Tupayachi afirmó que se trata de “un caso ‘sui generis’ en el que estamos hablando de una organización política que se presume ha cometido actos ilícitos”. EFE
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