WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó este lunes el anunciado establecimiento de aranceles a la importación de productos chinos por un valor de US$200 mil millones a partir del próximo 24 de septiembre.
Las tarifas serán de 10 por ciento y estarán en ese nivel hasta finales del presente año, precisó el mandatario en una declaración divulgada por la Casa Blanca.
Trump, cuya orden se dirigió al representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, agregó que los impuestos se elevarán a 25 por ciento el 1 de enero de 2019.
“Si China toma medidas de represalia contra nuestros agricultores u otras industrias, inmediatamente perseguiremos la tercera fase, que consiste en aranceles a productos por 267 mil millones de dólares”, advirtió el mandatario republicano.
Después de la imposición de Washington de gravámenes a productos chinos por 50 mil millones de dólares (34 mil y 16 mil en julio y agosto), el gigante asiático respondió de la misma manera sobre artículos estadounidenses.
Según Trump, las prácticas ‘desleales’ chinas relacionadas con la tecnología y la propiedad intelectual de Estados Unidos constituyen una grave amenaza para la salud y la prosperidad a largo plazo de la economía norteamericana.
“Hemos instado a China a cambiar y brindar un trato recíproco a las empresas estadounidenses, le hemos dado todas las oportunidades para tratarnos de manera más justa, pero hasta ahora no lo ha hecho”, expuso el jefe de Estado.
Más de 80 grandes grupos de negocios, manufactura y agricultura anunciaron el último 12 de septiembre el lanzamiento de una campaña multimillonaria contra este tipo de medidas.
Los impulsores de la iniciativa crearon una coalición nombrada Americans for Free Trade (Estadounidenses por el Libre Comercio), la cual está formada por empresas de múltiples industrias, desde juguetes hasta tecnología, y tiene como objetivo destacar las consecuencias negativas de los impuestos.
Indicaron en un comunicado que se enfocarán en contar las historias de los negocios, agricultores, familias y trabajadores perjudicados por los gravámenes. (ECHA/Agencias)