MONTEVIDEO.- El Poder Ejecutivo uruguayo remitió para su valoración en el Parlamento un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal del país suramericano para incorporar el feminicidio como “agravante muy especial del homicidio“, informó hoy la Presidencia del Estado.
De ser aprobado, se elevarían las penas de los casos considerados como feminicidios, los cuales se definen en el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo como aquellos en los que “se causare la muerte a una mujer, mediando motivos de odio o menosprecio”.
El delito de homicidio está penado en el Código Penal uruguayo vigente con penas que oscilan entre los 20 meses y los 12 años de prisión.
Asimismo, se establecen cuatro agravantes especiales -que extienden la pena entre un mínimo de 10 y un máximo de 24 años de prisión- y seis agravantes muy especiales, los cuales están castigados con entre 15 y 30 años de cárcel.
Es en este último grupo en el que se quiere incluir al feminicidio y también a los homicidios producidos como acto de discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión, discapacidad u otra característica o condición de la víctima, señala el texto del proyecto de ley.
Según el documento, el objetivo de la reforma “no es el aumento de las penas”, dado que el homicidio “es de por sí un delito penalizado con gravedad” en la legislación uruguaya actual, sino estipular penas en casos de feminicidios que sean acordes a las de los homicidios muy especialmente agravados.
En los últimos 12 meses fueron asesinadas 30 mujeres y 11 sufrieron intento de asesinato, a lo que se suma el informe de evaluación de la igualdad de género en Uruguay entre el 2006 y 2014 presentado el pasado septiembre en el que se indica que el 68.8 % de las mujeres uruguayas mayores de 15 años dice haber sufrido violencia machista en algún momento de su vida.
Además, en los últimos 10 meses del 2015 se registraron 85 denuncias diarias por violencia doméstica, según el Observatorio de Violencia y Criminalidad.
El texto del proyecto de ley hace referencia a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) del 2012 en el que se sitúa a Uruguay como el tercer país de la región en el que -en relación a su población- más mujeres mueren a manos de sus parejas o exparejas, solo superado por República Dominicana y Nicaragua.